Tras casi tres años, ayer despertamos con la grata noticia de que el Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional había pedido el sobreseimiento provisional de la causa. La fiscalía lo había solicitado y no constaban más acusaciones.
En marzo de 2015, 38 personas fueron detenidas en la conocida como operación Piñata, de ellas 13 fueron acusadas de pertenencia a banda terrorista. El resto de las personas fueron acusadas de delitos de usurpación, resistencia y desobediencia.
Estas trece personas fueron acusadas de pertenencia a los Grupos Anarquistas Coordinados (GAC). Tras la detención, once entraron en prisión provisional donde permanecieron por un tiempo de tres meses, y se les aplicó la política de dispersión. Tampoco hay que olvidar casos relacionados como fue la gran operación policial bautizada como operación Pandora, que acabó con la detención de once personas, y en octubre de 2015, en una segunda fase de la misma operación la policía detuvo a nueve personas más.
Es importante recalcar que a pesar de acusarse a estas personas de terroristas no se les acusaba de realizar ningún acto violento, pero sí, por ejemplo, de distribuir propaganda anarquista. A la vista de las pruebas, parece ser que su único delito era ser anarquista. Pero eso sí, la justicia de estado se permite acusar de terrorista a ciertas personas, hacerlas pasar por la cárcel y judicializar sus vidas. La justicia social no es esta, eso esta claro.
Mucho ánimo y solidaridad con todas aquellas personas represaliadas por parte del Estado.
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