Nos llega a la redacción del DV una carta de la coordinadora estatal de pensionistas dirigida a Magdalena Valerio, Ministra de trabajo Migraciones y Seguridad Social, la cual os dejamos a continuación:
Señora,
Esta Coordinadora se alegra (no podría ser de otra manera) al conocer la noticia de la reciente sentencia del TC, sobre la discriminación de los contratos a tiempo parcial, que han sufrido millones y millones de trabajadores (principalmente mujeres) a lo largo de todas estas décadas.
Lamentamos que haya tenido que ser el TC, a requerimiento del TEDH el que haya tenido que decírselo a nuestros políticos, que han gobernado durante tanto tiempo nuestro país, y no podemos dejar de preguntarnos,
¿gobernando para quién? Exigimos que la Seguridad Social ponga al día de forma inmediata, los nuevos cálculos de las pensiones de acuerdo con esta STC para las trabajadoras/es a tiempo parcial, y que no lleve su sufrimiento más allá de lo estrictamente necesario.
De todas formas, la STC en la práctica no significa una mejora digna de tener en cuenta, más allá de su importancia juridica, pues si tomamos como ejemplo una trabajadora con una cotización de 700 € (las hay mucho más pequeñas), su pensión se habrá modificado de 350 € en una cotización de 10 años + 1,5 de coeficiente de parcialidad, total 15 años y 50% de su base reguladora, a un 61’40% de su base reguladora, ya que se entenderán directamente 20 años cotizados, pero su pensión seguirá siendo de 429,8 €.
También lamentamos que el TC no haya ido más allá de la materia señalada por el TEDH, ya que la parcialidad del mercado laboral tiene dos apellidos, mujer y precariedad, con una brecha de genero de un 37%, y aunque somos conscientes de que no es materia de dicho tribunal, porque el fondo del asunto es que las trabajadoras a tiempo parcial reciben pensiones de miseria, y es evidente que el incremento del porcentaje no resuelve su problemática real, ni tampoco resuelve el complejo problema de la integración de lagunas de estas trabajadoras, ni la limitación en el complemento de mínimos, ni el acceso tardío a la jubilación anticipada, y no digamos ya la jubilación ordinaria, donde los hombres se jubilan a los 65 años, y las mujeres tendrán que esperar a los 67 años.
Se nos ocurre preguntarnos ¿para qué sirve una comisión como la del Pacto de Toledo, si ni tan solo ha hecho nada por avisar al Gobierno de estas injusticias contrarias a la CE?
En cuanto al alcance de la declaración de inconstitucionalidad y nulidad, el Pleno, aplicando su reiterada doctrina, señala que no solo habrá de preservarse la cosa juzgada sino que, en virtud del principio constitucional de seguridad jurídica, el pronunciamiento tampoco se extenderá a las situaciones administrativas firmes.
Por todo esto señalamos una vez más, como ya hicimos el 31 de julio de 2.018 en la sede de su Ministerio, que se necesita una reforma integral de nuestro SPP, y que COESPE no cejará en su empeño, de solucionar injusticias de esta magnitud, y mucho menos, de conseguir esa reforma integral que dé solución a las pensiones de ahora y del futuro.
Aprovechamos esta comunicación, para reiterarle una vez más nuestra petición de mantener un contacto con Ud. donde podamos abordar todos los temas que nos preocupan, ya que estamos seguros, también forman parte de su preocupación como responsable máxima del Ministerio.
Atentamente,
Junta de Portavoces de COESPE.
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