El pasado 26 de septiembre, una compañera, de las miles que participamos en las movilizaciones de la Huelga Feminista del 8 de Marzo, recibió en su domicilio una sanción administrativa de 600€. El motivo: un acta-denuncia policial, a la que dio curso la Subdelegación de Gobierno socialista, en aplicación de la funesta “Ley Mordaza” (que tanto iban a derogar), acusándola, sin prueba alguna, de grabar y difundir un vídeo con la lamentable actuación policial frente a los piquetes informativos en el Centro Comercial Camino de la Plata, como quedó patente tras el sobreseimiento judicial de las compañeras que fueron detenidas en dicha actuación, pues no se había cometido delito alguno.
Como ha puesto de manifiesto el propio partido que ahora gobierna y que ha nombrado a la autoridad responsable de la sanción, esta Ley de “Seguridad Ciudadana”, conocida como “Ley Mordaza” y vigente desde julio de 2015, además de ser una eficaz herramienta de recaudación para las arcas estatales – en tres años, 13,5 millones de euros- no es más que un mecanismo para acallar las protestas sociales y reprimir a quienes participan en ellas, las apoyan, o simplemente informan de las mismas.
La compañera sancionada, no fue identificada en ningún momento, ni por el agente denunciante, ni por ningún otro. Carece de antecedentes penales o policiales. No resulta paranoico pensar en la existencia de listas “negras” alegales de “revoltosas”, propias de dictaduras y regímenes policiales y autoritarios. No es la primera ocasión: el pasado verano otra compañera que participó en una movilización contra una violación ocurrida en Burgos, recibió posteriormente otra denuncia de la misma cuantía sin que mediara identificación alguna.
Está claro que este tipo de sanciones no son más que denuncias políticas para frenar el impulso que en los últimos años está tomando el movimiento feminista.
Pero quienes queremos denunciar somos nosotras que estamos hartas de la hipocresía de este Gobierno que se hace llamar “feminista” – únicamente por tener más ministras que ministros en su gabinete- que lejos de derogar la Ley Mordaza como prometió, la usa impunemente contra las que dan la cara en la calle, las que protestan por la precariedad de la vida, las que nos se amilanan contra las injusticias; y es que, quien firma la denuncia es el Subdelegado del Gobierno, Pedro L. de la Fuente Fernández, miembro de la Ejecutiva de la Agrupación local del PSOE en Burgos.
No nos van a silenciar por muchas multas que nos lleguen; no van a conseguir desmovilizar a miles de personas que ya no se creen su estafa de sistema capitalista-patriarcal.
Con cada represión seremos más en las calles, criticando la instrumentalización que hacen de la lucha feminista y desenmascarando a este Gobierno y a todos los que vengan, porque sus leyes no nos protegen; sólo el apoyo mutuo y la sororidad entre las oprimidas nos dará la fuerza y autonomía que necesitamos.
Seguiremos luchando, apoyando a cada persona reprimida y creando redes de solidaridad frente a sus estrategias de opresión.
Desde la Asamblea 8M exigimos a Subdelegación la retirada de la denuncia.
Vuestra represión solo nos hace más fuertes, somos muchas, valientes y diversas.
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