Contra la legalización de los espacios ocupados

Interesante texto donde se reflexiona a cerca de las estrategias que el Estado Italiano ha utilizado para tratar de derrotar al movimiento de la ocupación. Un analisis que puede ser aplicado a nuestras realidades geográficas mas cercanas.

La responsabilidad polí­tica de quién quiere la legalización.

En los últimos tiempos se han evidenciado como simpatizantes de los Centros Sociales casi todos los partidos de izquierdas, esto naturalmente ha surgido sobre todo por el antagonismo instrumental que han querido generar en su enfrentamiento contra la derecha. Derecha cuya posición de odio hacia los CSA, es por tod@s bien conocida. Pero la izquierda no muestra la misma actitud si hablamos de ocupaciones en lugar de Centros Sociales; terrible término este último, con sabor a polí­tica burocrática-socialista y que hace referencia a todos aquellos lugares que, según la interpretación institucional y a los ojos de la llamada sociedad civil, desarrollan funciones de utilidad pública: desde centros para ancianos a cooperativas ceramistas, del tratamiento de toxicómanos, a la animación sociocultural. Todos centros sociales.
Bajo tal heterogeneidad de actividades la izquierda ha intentado, por todos los medios posibles, prolongar la solidaridad a múltiples ámbitos pero siempre evitando hablar de ocupación. Consecuentemente con esta actitud la izquierda ha apoyado el desalojo de todo sitio ilegal, de Génova a Roma, de Torino a Milano, Bolonia, etc…

Decí­amos entonces que la izquierda se niega a hablar de ocupación: los partidos de izquierdas (Rifondaziones, PDS, Verdes, Rete) están dispuestos a tolerar los Centros Sociales sólo y exclusivamente si estos tienen una función propia reconocida por el consorcio civil, de esta manera no se pierde el apoyo electoral y se evitan acusaciones referentes a la tolerancia de situaciones diferentes al orden establecido.
En pocas palabras, el poder se rebaja a pactar la existencia de cuatro muros sólo si de aquellos no surgen acciones contrarias al status quo; por tanto, bienvenidos sean los servicios gratuitos y voluntarios que cubren las lagunas asistenciales del Estado, bienvenidas sean las obras sociales que, por una parte legitiman la existencia de los Centros Sociales de cara a la gente y, por otra parte legitiman al poder que las tolera.
Pero increí­blemente no son sólo los partidos de la izquierda institucional los que exigen la legalización, la convivencia pací­fica y la vinculación a categorí­as más asimilables por el poder, también hay sectores del área que, con las debidas reservas llamaremos del movimiento, apoyan esta situación (en concreto del área “Autonomí­a”). En este caso parecerí­a que las instancias de legalización y/o conciliación con las instituciones fueran a la par con la consolidación de las mismas okupaciones. Esto es consecuencia directa del modo de vivir las okupaciones que poco tiene que ver con el deseo de liberación, que deriva de una metodologí­a polí­tica que ha demostrado todos sus monstruosos fallos.

Para entender mejor cuales son las responsabilidades del movimiento de legalización hemos de tener en cuenta lo siguiente:

1.- Para ellos el Centro Social sólo se legitima a través de unas funciones dirigidas a las masas.
2.- Contenidos, formas de comunicación y acciones son establecidas en estrecha relación a la existencia de clases sociales precisas (las mismas que el poder potencia): proletariado (¡…!), estudiantes, emigrantes de color.
3.- La dimensión revolucionaria individual es ignorada y la propia vida se divide en “tiempo de lo privado” y “tiempo libre” militante.
4.- Carencia absoluta de imaginación revolucionaria. Tengamos en mente estos cuatro rasgos particulares. Encuadremos las situación en el panorama nacional en el cual encontramos al menos un centenar de ocupaciones, aunque los medios de comunicación (como es costumbre en los mass-media) reconozca solamente la existencia de dos grandes centros organizados: Roma y Milano.

Todos los demás centros, tanto aquellos que surgieron hace ya tiempo, como los más nuevos, aquellos de las grandes ciudades y los de los pueblos pequeños y sobre todo los que se muestran más reacios frente a los pactos, se encontrarán ante una represión militar inmediata o bien ante la alternativa de aceptar condiciones aceptadas precedentemente por otros centros ya legitimados frente a la autoridad.

Y todas las ocupaciones que continúan sin querer saber nada del diálogo con el poder y que se ven obligadas a convivir con agrupaciones que han optado por el reconocimiento legal serán desalojadas por la fuerza; desalojos que se ven legitimados por los acuerdos previos tomados entre otros centros y el Estado. Acuerdos que establecen también a los ojos de la opinión pública una lí­nea divisoria entre buenos (que aceptan el diálogo con las instituciones) y malos (que lo rechazan).
La grave responsabilidad de quienes quieren o buscan un diálogo no necesario con el poder se amplí­a aún más por el hecho de que este sector se presenta como un grupo compacto que ha indicado una lí­nea rigurosamente aceptada por todos sus afiliados, creando así­ escisiones dentro de la extrema izquierda: de hecho existen situaciones de conflictividad en ciudades como Rma, Pádova, Florencia y Milano. Esta situación es, sin embargo, ignorada por la información oficial ya que la única voz representativa es aquella que ha decidido pactar con las instituciones y que se impone como único interlocutor válido.

La legalización nunca será única y uní­voca, sino que abarcará todo un panorama de posibilidades que comprenderán la asociación legalizada (con estatutos, carnets…), la cooperativa, el alquiler simbólico o quizás no tan simbólico pero pagado por la administración pública, la convivencia con otras asociaciones de todo tipo, el respeto de las normas de higiene y habitabilidad con sucesivos controles de funcionarios, y la licencia para el alcohol, los impuestos, etc …

Quizás no se den todas estas exigencias o quizás no se den todas de una sola vez, pero una vez abierto el discurso ya no se podrá cerrar. Y mientras tanto es obvio que el Estado, satisfecho de haber creado el precedente para resolver el problema, no impondrá a los grandes Centros Sociales de las grandes ciudades condiciones que puedan romper las bases de lo acordado, pero no tendrán escrúpulos a la hora de acabar con las realidades menores y contestatarias.

Los centros que lleguen a acuerdos con el poder serán aquellos que hayan conseguido poner a la gente de su parte, situándose demagógicamente como vanguardia polí­tica, aquellos cuya voz se escuche en los periódicos y en la televisión, aquellos que hayan logrado legitimarse de cara a la opinión pública y a las instituciones; todo según el dogma democrático -la mayorí­a siempre tiene razón -.
Con esta seguridad del propio status, con la seguridad del reconocimiento, se pierde todo elemento de ruptura que caracteriza la voluntad revolucionaria.

Quien realmente desee un cambio radical no puede buscar seguridad, pues la única seguridad que se debe tener es la de conservar la dignidad como individuos rebeldes frente a un mundo en el que no podemos vivir libres, el resto es una trágica ingenuidad o una alienante mistificación de la vida.
Por otra parte, l@s anarquistas, no siendo un movimiento ni teniendo lí­neas ni organismos centrales, viven del modo más heterogéneo la ocupación y la autogestión, dejando el campo libre a la experimentación y huyendo de las indicaciones precisas y las prescripciones ideológicas.

El principio único que sostenemos es que cuanto más libres seamos mejor, por lo tanto es obvio que no aceptemos jamás diálogos con las instituciones (excepto en ocasiones de extrema necesidad). A nosotros nos parece que las distintas okupaciones, sobre todo en las grandes ciudades, no deben buscar los favores de los partidos ni la asimilación por las leyes pues esto no conlleva más que la legitimación del poder para-institucional que nada tiene que ver con la autogestión y su desarrollo.

No tenemos la intención de servir de cebo a esta polí­tica oportunista de revisionismo. Por tanto no nos interesa ser tantos como podamos, si no es verificando en nuestras acciones cotidianas la afinidad directa al individuo.

No queremos encontrar un movimiento de club alternativo que persiga el sueño del negocio-show, o una asociación de solidaridad con los pobres, sedienta de ví­nculos con los organismos del poder para así­ sobrevivir y mantener un movimiento de vanguardia de las masas.

Nuestro objetivo es la destrucción de la polí­tica y por tanto, no queremos ningún tipo de poder, el poder ha de ser destruido.

Proponemos la máxima difusión, sobre todo a través de la acción directa, de las distintas experiencias de autogestión declaradamente revolucionaria como heterogeneidad operativa de la experiencia de ocupación en el territorio nacional e internacional.

Solicitamos una serie de encuentros para intercambiar información y experiencias, donde se toquen todos los aspectos, individuales y colectivos, vinculados a aquell@s que han decidido por elección propia (y no por miserable necesidad) vivir según principios de autogestión y libertad. Los temas que proponemos son por lo tanto aquellos que operan activa y cotidianamente en distintos ámbitos; autofinanciación, organización de conciertos fuera del negocio alternativo, autoproducción, distribución, autoconstrucción, actividades de ayuda a otras ocupaciones menores, propaganda de nuestras ideas y nuestra actividad y también temas externos a la ocupación en si: antimilitarismo, anticlericalismo, control social, crí­tica al trabajo y otras formas de lucha autogestionaria.

Contra la centralización, contra la homogeneidad, difundamos mil prácticas de liberación.

Mario Frisetti, Mario Spesso, Luca Bruno de El Passo Occupato y Barocchio Occupato.
Torino, febrero 1994.