El Ayuntamiento de Burgos acaba de hacer pública su intención de no ejercer la acusación particular sobre el casi medio centenar de encausados en el conflicto del bulevar aún cuando así mismo ha expresado su intención de personarse en la causas judicial reclamando hasta 70.000 euros en concepto de daños. Por otro lado, la Subdelegación del Gobierno ha manifestado la existencia de 40 expedientes sancionadores sobre personas identificadas en las manifestaciones realizadas desde los inicios del conflicto.
El canto de sirena no desmoviliza a los vecinos de Gamonal que convocan a una nueva manifestación para el viernes 21 de febrero que entre sus reivindicaciones plantea la solidaridad con los encausados y la dimisión del alcalde de Burgos y la del subdelegado del Gobierno.
Desde el minuto cero de la lucha contra el bulevar de la calle Vitoria Gamonal ha expresado con rotundidad su intención de no dejar solos al casi medio centenar de personas detenidas en las jornadas más intensas del conflicto. El Ayuntamiento de Burgos acaba de hacer pública su intención de no ejercer la acusación particular contra los encausados, situación que sin la continúa movilización vecinal hubiera sido imposible como ya ocurriese en el caso del parking de Eladio Perlado donde la acusación particular del consistorio llegó a solicitar penas de hasta siete años de reclusión.
Sin embargo, los recientes movimientos tanto del Ayuntamiento de Burgos como de la Subdelegación del Gobierno plantean serias dudas sobre las verdaderas intenciones de unas instituciones que difícilmente logran disimular sus ansias de venganza. En palabras de Javier Ibañez, vicealcalde de Burgos, el consistorio confirma definitivamente que no ejercerá la acusación particular sobre los encausados pero expresa su intención manifiesta de personarse como damnificado en el proceso judicial abierto reclamando la cantidad de 70.000 euros en concepto de daños, lo que de facto significa que continúa siendo parte activa en la causa penal.
Por otro lado, José María Arribas, Subdelegado del Gobierno en Burgos, ha hecho pública la existencia de un total de 40 expedientes sancionadores incoados sobre personas “identificadas” por participar en “manifestaciones no comunicadas” en protesta contra el bulevar y en solidaridad con los detenidos desde el 10 de enero de 2014. Un dato que de confirmarse haría que el numero de los represaliados aumentasen se multiplicase.
El Subdelegado del Gobierno en Burgos ha comunicado en la presentación del denominado “Plan de Seguridad” la existencia de estos expedientes administrativos sin especificar si finalmente derivarán o no en sanciones, a la vez que recalcaba que “la respuesta policial fue proporcionada y ponderada de los hechos acontecidos”
Nada han argumentado en su comparecencia ni el Subdelegado del Gobierno, ni el Delgado de la Junta de Castilla y León, Ramiro Ruiz Medrano, sobre el cómo se habrían obtenido las mencionadas identificaciones, lo que dejaría espacio abierto para algunas cuestiones.
La primera nos lleva a reflexionar sobre las severas deficiencias en operaciones de cálculo que presentan ambos representantes gubernamentales pues, a pesar de sus titulaciones universitarias, no son capaces de distinguir millares de personas de una cuarentena. A estas alturas de la película solo a un necio podría escapársele el dato que desde el jueves 10 de enero de 2014 hasta el viernes 17 del mismo mes, fuero miles de personas, en algunos casos hasta más de 10.000, las que abarrotaron las calles en manifestaciones diarias no autorizadas que recorrieron la calle Vitoria hasta llegar a la sede de la Comisaria Provincial de Policía en Burgos y la sede del Grupo Promecal. De sobra es sabido que muchas de ellas fueron filmadas por los efectivos policiales, por lo tanto al Delgado y Subdelegado, o a la parte contratante de la primera parte, les faltan muchos ceros en sus expedientes sancionadores.
La segunda cuestión lleva a indagar sobre la metodología empleada para obtener las mencionadas identificaciones. ¿Se trata de identificaciones visuales, realizadas al azar sobre los miles de manifestantes o se han empleado los habituales “filtros ideológicos” sobre “sospechosos habituales”? Mientras el Delgado y Subdelegado no aclaren este aspecto no dejará de cernirse la sombra de la duda que revela una nueva maniobra de intimidación sobre la movilización que en Gamonal continúa sin desactivarse.
Por último Ramiro Ruiz Medrano, no deja de recalcar que los sucesos de Gamonal “no favorecen a nadie” y que “no tienen nada que ver con la ciudad tan acogedora y envidiable que es Burgos”. Entendemos que la batalla que han sabido mantener los vecinos de Gamonal frente a todo el arsenal desplegado en su contra ni “favorece” ni es “acogedora” para los intereses de los especuladores, cuya alargada sombra no deja de proyectarse sobre los despachos de la propia Junta de Castilla y León y que ha mordido en hueso en el populoso barrio burgalés.
No cabe duda que el hecho de que el Ayuntamiento de Burgos no se persone como acusación particular es un logro arrancado gracias a la continuidad de la movilización, pero la perversidad de los representantes institucionales, ya sean del gobierno central, las entidades locales o de las regionales, puede buscar lanzar un canto de sirena con el que lograr deponer la combatividad que desde su propio inicio ha estado presente en las protestas de Gamonal.
En su regreso a ítaca Ulises obnubilado por el canto de las sirenas pidió a sus marineros que lo desataran del mástil donde lo habían aferrado. Hacer oídos a su embriagador canto permitió a la tripulación regresar sana y salva a su destino. No hace falta saber de mitología ni otras gaitas, pero el que sepa entender que entienda.
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