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garzonSon muchas las razones que deberí­an incitarnos a la prudencia antes de sumarnos a la actual movilización en defensa del juez “estrella” de la Audiencia Nacional. Un artí­culo de opinión del veterano militante anarquista Octavio Alberola.

Como bien señalan Rafael Cid (“Más allá de Garzón (y su entorno)”) y Carlos Taibo (“Garzón : ¿un héroe antifascista ?”), son muchas las razones que deberí­an incitarnos a la prudencia antes de sumarnos a la actual movilización en defensa del juez “estrella” de la Audiencia Nacional.

Y, entre ellas, la que me parece justificar aún más nuestra prudencia es la que, tanto a Cid como Taibo, les preocupa más : la posibilidad de que se trate de una operación jurí­dico-mediática montada para que la opinión olvide la responsabilidad del Gobierno socialista y de la clase polí­tica en su cobarde y vergonzoso renunciamiento a anular las sentencias franquistas.

Cid : “Desde luego es difí­cil creer que estas acciones de repulsa, que socaban la credibilidad de un puntal del Estado de Derecho como es el Tribunal Supremo, no respondan en segunda instancia a una planificación polí­tica. Cualquier agit-pro en la sociedad de la información y de la imagen tiene delante o detrás una agenda oculta y un think tank. Y en el caso que nos ocupa, el retorno de los brujos de la prospectiva lectoral, el marketing polí­tico y los sondeos de opinión buscan, en mayor o menor medida, fidelizar a la opinión publicada.”

Taibo ; “Aunque los protagonistas bien intencionados de la solidaridad con Garzón parezcan ignorarlo, es muy grave que el debate sobre la memoria histórica haya quedado engullido por una discusión relativa a si un juez prevaricó o no. Lo diré de otra forma : ya no se discute, hablando en propiedad, sobre la memoria y sí­ sobre Garzón. Pese a que las explicaciones conspiratorias me han gustado siempre poco, no me resisto a sugerir que algo hay, en la trastienda, de inteligentí­sima y ocultatoria operación.”
No obstante, pienso en que Cid tiene razón al incitarnos, al final de su artí­culo (“Con Garzón o sin él”), a aprovechar la ocasión (“Galgos o podencos, la ocasión la pintan calva”) para desmontar “la falacia de la modélica transición” e intentar derogar “las sentencias del franquismo”. Pues, se piense lo que se piense de este juez y del enorme cúmulo de intrigas que rodean sus actuaciones, es obligado reconocer que ha sido su peculiar forma de abrir y cerrar la investigación de este caso la que ha puesto públicamente en evidencia la pervivencia del franquismo judicial y ha reactualizado el debate público sobre lo que quedó a medio hacer, o se hizo mal, en la “transición” de la Dictadura a la Democracia.

Efectivamente, es indiscutible que han sido el protagonismo de Garzón y su “impericia procesal” las que han llevado a la derecha franquista ha quitarse la careta y a recomenzar la “guerra civil” en la dehesa judicial con la intención de impedir cualquier tentativa de cambiar el ordenamiento jurí­dico que les protege y les exime de toda responsabilidad en los crí­menes del franquismo. Un ordenamiento que, según pretenden, quedó blindado con la Ley de amnistí­a de 1977 y que ha servido al juez Varela para encausar a Garzón, aun a riesgo de escandalizar a amplios sectores de la opinión pública, nacional e internacional, y de provocar las reacciones de los colectivos memorialistas y las movilizaciones de estos últimos dí­as. Movilizaciones en las que, por primera vez, participan también sindicatos, polí­ticos e intelectuales y artistas de la izquierda “progresista” para impedir que la ultra derecha consiga sentar en el banquillo de los acusados a Garzón. Reacciones y movilizaciones tardí­as, pues han pasado treinta y cinco años desde la muerte de Franco, y, al fijarse como objetivo exclusivo la defensa de Garzón, más bien parecen ser instrumentalizadas o por lo menos recuperadas por el Gobierno y el PSOE para engullir el debate sobre la memoria histórica y la rehabilitación judicial de las ví­ctimas del franquismo en “una discusión relativa a si un juez prevaricó o no”.

No olvidemos el por qué nos encontramos en una tal situación…
Pese a lo tardí­as de esta reacciones y movilizaciones, no creo que sea el momento de lamentarlo, aunque otro gallo nos cantarí­a si se hubieran producido antes : tras comenzar la andadura de la Democracia parida por los pactos de la “Transición” o cuando algunas ví­ctimas de la represión franquista comenzaron a pedir justicia… Desgraciadamente no fue así­ y los años no pasaron en balde (sobre todo para los familiares mayores de las ví­ctimas de la represión franquista) y ahora quizás sea ya tarde para reparar esa injusticia… Por ello es necesario recordar cómo comenzó el proceso de recuperación de la “memoria histórica” y la ausencia de reacciones y movilizaciones (sindicales, polí­ticas y culturales) cuando la viuda del comunista Julián Grimau presentó en 1989 en el Tribunal Supremo un recurso de revisión contra la sentencia del Consejo de Guerra que en 1963 condenó a muerte a su marido. Y eso que también entonces el Gobierno era socialista. O cuando en 1998 los familiares de los jóvenes anarquistas Francisco Granado y Joaquí­n Delgado, también condenados y ejecutados en 1963, recurrieron ante el Supremo para pedir la revisión de la sentencia “por existir un elemento nuevo”…

No, no se debe olvidar lo que costó sensibilizar a los partidos polí­ticos sobre esta materia pendiente de la “Transición” y conseguir que algunos de ellos comenzaran -¡por fin a partir del año 2000 !- a comprometerse y apoyar el recurso de revisión del caso Granado-Delgado y los que otras familias (de Puig Antich, de Peiro, etc.) habí­an presentado en el Supremo. Como tampoco se debe olvidar que no fue hasta entonces que comenzaron a surgir y actuar las Asociaciones para la recuperación de la “memoria histórica”… Ni que, pese a ello, aún en 2003 estuviéramos solos (los libertarios) en una concentración pública en la Puerta del Sol de Madrid para exigir al Tribunal Constitucional que anulara las sentencias franquistas, sin que se sumaran al acto los manifestantes por la República que en ese mismo momento recorrí­an calles cercanas.
Es necesario no olvidarlo porque eso permite comprender el por qué no fue hasta finales de 2007 que se aprobó la cobarde e infame Ley de “Memoria Histórica” y aún en 2010 no se ha conseguido poner fin al deshonor de una Democracia que sigue validando las sentencias pronunciadas por la dictadura franquista. Una Dictadura surgida de un golpe de Estado que el Congreso de los Diputados condenó por fin el 20 de noviembre de 2002 ; pero sin efecto, puesto que en abril de 2010 aún debemos movilizarnos para que un juez no sea sentado en el banquillo de los acusados por haber abierto y cerrado una causa para investigar desapariciones forzadas durante el franquismo.
Una reacción tardí­a pero necesaria…

Pues bien, aunque la reacción que se está produciendo sea tardí­a, yo también creo como Cid que ella es necesaria y que debemos apoyarla. Y ello porque, a pesar de los fortí­simos intereses polí­ticos y hasta personales que están en juego en el enjuiciamiento del juez de la Audiencia Nacional, no debemos permitir que la derecha se salga con la suya. Pero, sobre todo, porque la reacción unitaria en contra de este enjuiciamiento puede servir para abrir un nuevo frente en la lucha por la recuperación de la memoria histórica y la rehabilitación de las ví­ctimas de la represión franquista. Decimos “puede servir” porque ello dependerá del objetivo que se fije a las actuales movilizaciones ; pues serí­a un error que éste sólo fuese la defensa de Garzón y que no se aprovechen las movilizaciones para exigir la anulación de las sentencias franquistas. Para exigirlo a quienes tienen la responsabilidad y potestad polí­ticas, además del deber moral de hacerlo, pues son los grupos parlamentarios los que constitucionalmente “representan la soberaní­a de la nación”. Y al decir grupos parlamentarios nos referimos a los Partidos, que son los que marcan la pauta del poder legislativo, el único facultado para anular y aprobar leyes.

No olvidemos que es gracias a esa cobarde e infame Ley de “Memoria Histórica”, aprobada por esos Partidos y sus Grupos parlamentarios, que la Justicia española puede seguir escamoteando el pronunciarse clara y definitivamente por la anulación de las sentencias pronunciadas por los tribunales franquistas. Ese “oprobio” que, según declaró recientemente la nieta del poeta Miguel Hernández, “aún pesa como una losa” sobre las ví­ctimas de la represión franquista. Aunque también debemos reconocer que, si esto es así­, lo es por no haber sido capaces de unirnos antes para hacerlo desaparecer. No volvamos pues a la desunión y movilicémonos todos en la misma dirección…
Allá cada uno con su conciencia y esperemos que algunos no vengan ahora sólo para la foto o para hacer olvidar pasados dudosos. Es la hora de sumar, de unirnos para aprovechar esta ocasión y dar un paso definitivo hacia la completa rehabilitación moral, polí­tica y judicial de las ví­ctimas de la represión franquista. Pero no nos equivoquemos otra vez de objetivo. No son los jueces los que tienen la posibilidad de hacerlo. Ellos sólo interpretan y aplican leyes. Son los polí­ticos los que tienen la potestad y la obligación de promulgar leyes menos abyectas que las actuales (la de amnistí­a de 1977 y la de “Memoria Histórica” de 2007) para ser consecuentes con su pretendida profesión de fe democrática y hacer desaparecer ese vergonzoso baldón que “aún pesa como una losa” sobre la Democracia española. Ahora bien, no olvidemos que los polí­ticos no lo harán si no se lo exigimos, si no los obligamos a hacerlo. Nuestro deber es pues, terminado el episodio Garzón, seguir unidos y movilizados para exigir se ponga fin a esa escandalosa injusticia histórica de la que aún son ví­ctimas los que lucharon y padecieron la represión por defender las libertades que hoy se proclaman como constitucionales.

Octavio Alberola

2 Comentarios para “Garzón y la democracia, “atada y bien atada””

  1. fgm

    Los juicios al juez Garzón y varios acontecimientos coincidentes están proporcionando base para importantes reflexiones sobre el significado y naturaleza real de las fuerzas que se proclaman de izquierda y “anticapitalistas”.

    í‰stas, de la manera más vehemente, se ha lanzado a defender a Garzón, olvidando que el libro “Garzón, la otra cara”, Pepe Rei, editorial Txalaparta, expone que siendo aquél juez de la Audiencia Nacional (nuevo nombre del Tribunal de Orden Público del franquismo) operante en Euskal Herria nunca admitió ninguna denuncia de detenidos y detenidas por tortura, incluso en casos que ello era tristemente obvio y clamoroso.

    Por eso, unificando dicha impunidad para torturar que Garzón estableció con su patochada más sonada, el supuesto procesamiento a Pinochet, Pepe Rei hace una frase tan lapidaria como cierta, “Garzón y Pinochet deben estar en el mismo banquillo”. Pocas cosas son más fascistas que la tortura y quienes la aplican, defienden, amparan o permiten, o sea que…

    Un comunicado de 25-1-2012 de AFAN (Asociación de Familiares de Asesinados Navarros) dice que Garzón jamás atendió, como juez, a los cientos de personas que en Euskal Herria alegaron ser torturados. Tampoco prestó atención a los estremecedores expedientes presentados por Amnistí­a Internacional, Comisión Europea de Prevención de la Tortura y otros, con pruebas de sevicias y torturas, así­ protegidas por Garzón, ahora metido a “juzgar al franquismo”.

    Ahí­ está, pues, la izquierda “anticapitalista”, saliendo a la calle a defender a quien más ha hecho para que la rutina torturadora del fascismo se mantenga en el parlamentarismo.

    Además Garzón es agente de la banca y las multinacionales españolas, que le premian, que se sepa, con 1,2 millones de euros. Cuando se reciben esas cantidades de los sátrapas financieros del paí­s hay que concluir que quien se lo embolsa es un engranaje más del sistema capitalista y un capitalista él mismo. También en Latinoamérica ha procurado el “juez estrella” atrapar todos los dólares y euros que ha podido. Por tanto, la izquierda que le otorga apoyo es como él, pro-capitalista y capitalista. Ya lo mostró al recibir IU cerca de 2 millones de euros para la campaña electoral del 20-N.

    Igual que el í­nclito super-juez manifestó su vena de histrión con lo de Pinochet tiempo después se inventó una nueva mascarada destinada a tapar sus vergí¼enzas, la llamada “ley de memoria histórica”, para pretendidamente juzgar los crí­menes del franquismo y localizar los restos de sus ví­ctimas. Pero eso lo ha de hacer el pueblo, los pueblos, no un juez, y la localización y traslado de enterramientos ha de ser asimismo una tarea popular, autónoma, no institucional.

    Es intolerable la cara dura y maldad de quienes pretenden que sea el aparato judicial personificado en Garzón quien haga eso, pues equivale a decir que el verdugo ha de ser ahora el que juzgue y rescate. En efecto, la izquierda “anticapitalista”-capitalista ignora lo obvio, que la guerra civil fue un levantamiento del Estado español contra el pueblo, que los crí­menes los perpetró el Estado y que ahora es una burla que éste aparezca impartiendo justicia.

    Por lo demás, ¿cuándo va a hacerse responsable el PCE-IU de sus crí­menes en la guerra civil, no menores ni menos odiosos que los del franquismo, comenzando por el del secuestro tortura, asesinato y enterramiento clandestino de Andreu Nin?

    Pero una izquierda que está convertida en una fuerza más del capitalismo, ¿qué va a hacer si no lo que hace? Veamos el caso del diario “Público”, portavoz del ala zapaterista del PSOE y valedor de la feminista y ex-ministra de defensa Carme Chacón, responsable primera de los crí­menes cometidos por las tropas españolas desplegadas en el exterior en los últimos años. Las reyertas en curso dentro de ese partido nos han permitido saber que el director de “Público”, el trotskista Jaume Roures, es un acaudalado empresario, con inversiones de millones de euros en diversas empresas, por ejemplo en la fallida Spanair, y en el vil mercadeo de las obras de arte. Su núcleo de poder es el conglomerado empresarial Mediapro, que ha hecho negocios colosales con Zapatero y Carme Chacón.

    Esto es, Roures es un capitalista que hace “anticapitalismo” periodí­stico, con el apoyo de una turba de memos y memas que celebra “asambleas” para refinanciar a “Público”. Desde luego, creer que las atrocidades y mentiras que expone un diario dirigido por un empresario multimillonario pueden ser “anticapitalismo” muestra hasta qué grado de abyección intelectual y moral ha llegado el izquierdismo. Los mismos que respaldan a Garzón, sin importarle que sea el santo patrono de la tortura como rutina y que esté financiado por la gran banca, son los que leen de rodillas “Público”, engordando la cuenta de resultados de Roures y Mediapro.

    Dada que ahora hay feroces peleas por más poder polí­tico y económico en el seno de la izquierda “anticapitalista” nos hemos enterado lo que se embolsa al año el capitoste de Izquierda Unida y el Partido Comunista de España, J.A. Moral Santí­n, antiguo aficionado a la escolástica marxista, con libros penosos que mucha gente se tomó en serio. Como integrante de la “representación social” en Bankia (Caja Madrid hasta hace poco) este “anticapitalista” se embolsa anualmente 526.000 euros, unas 35 veces más de lo que gana el asalariado medio con empleo, unas 80 veces lo que ingresa el parado medio [1].

    Pero Moral es sólo una muestra de los miles y miles de jerarcas y cuadros medios de la izquierda, PSOE, PCE, IU, CCOO y UGT, que tiene unos ingresos de lo que son, burguesí­a de Estado, al estar presentes por ley en un sinfí­n de cajas de ahorro, empresas estatales (en sus tres niveles, central autonómico y municipal), ONGs, Fundaciones y un entramado que ni la Divinidad puede conocer dado su colosal extensión y complejidad. Desde allí­ explotan al pueblo trabajador, no sólo con lo que ganan sino con el sinfí­n de negocios que hacen con el dinero “público”, a través de familiares, testaferros y demás. En efecto, según lo tantas veces conocido, empiezan como capitalistas estatales y continúan como capitalistas estatales y privados.

    Las peleas dentro de IU ahora son tan fuertes, con el fin de repartirse el poder y el capital anejo al poder, que está saliendo a la luz lo que esta izquierda “anticapitalista” es. En Madrid, en Málaga y en otros lugares estamos asistiendo a auténticas reyertas tabernarias dentro de la formación, que no tienen ningún contenido, ninguna ideologí­a, sólo son miserables pendencias por poder dentro de la estructura burocrática como ví­as hacia el enriquecimiento personal.

    Desde su manejo del 15-M han lanzado incluso una consigna “anticapitalista” en su propio beneficio como capitalistas, la “nacionalización de la banca”, que serí­a poner todo el poder financiero en manos de los politicastros, por lo tanto, también en manos de la izquierda. Eso serí­a su Eldorado realizado, gracias a la boberí­a de quienes por pura ignorancia repiten tales atrocidades dentro del 15-M.

    Un ejemplo más de incoherencia y estulticia de los defensores de lo estatal como “anticapitalista” lo estamos observando, también, en relación con el movimiento “Yo no pago”, que se ha afianzado en varias ciudades donde hay metro. Porque si “lo público” es el bien, como preconiza la izquierda “anticapitalista”, y las empresas del capitalismo estatal son igualmente “públicas”, ¿cómo explicar que dicho movimiento se proponga no pagar en ellas, esto es, tratarlas como lo que son, capitalismo puro y duro?

    El buen hacer de dicho movimiento está poniendo en evidencia a las y los devotos del capitalismo de Estado, al mostrar lo que éste es. En Madrid llevan ya más de media docena de detenidos por negarse a pagar en el metro, con cargas violentí­simas de las fuerzas represivas. Metro de Madrid es una empresa estatal al 100%, esto es, modélica según la izquierda, pero en realidad explota a sus trabajadoras y trabajadores y da un servicio caro y malo. Su meta no es servir a la gente sino ganar dinero, y así­, ¿cómo puede ser “pública”?

    Hay que decir que en el Metro también hay “representación social”, y en ella asimismo están los chupópteros de la izquierda, aunque por el momento no sabemos sus nombres ni ingresos, aunque no deben diferir mucho de los del marxista Moral, o de los del trotskista Roures al comienzo de su fulgurante carrera como empresario, también ligada a “lo público”, al parecer. Eso sin olvidar a los inefables Méndez (UGT) y Toxo (CCOO), entusiastas de los restaurantes más exquisitos, los viajes de placer y las joyas.

    La izquierda es corrupta por causa de su ideologí­a. Si ésta preconiza que la riqueza es buena, que la moralidad es “burguesa” o “clerical” y que lo único que cuenta es el propio interés, no hay modo de evitar la corrupción.

    Retornando a Moral y a sus compadres hay que señalar su vileza e hipocresí­a en una cuestión, la de los desahucios. Como es sabido Bankia es una de las grandes corporaciones bancarias de España, y una de las que más desahucios mandan ejecutar. Pues bien, los jerarcas del PCE e IU en ella apoltronados por las mañanas dan la orden de expulsar a la gente de las viviendas con impago y por la tarde se van al 15-M a menear pancartas contra los desahucios. Lo mismo acontece en todas las cajas de ahorro, dado que en todas ellas está, engordando el bolsillo, la izquierda “anticapitalista”-capitalista.

    Izquierda Unida no puede concebirse, y no podrí­a existir, sin el capitalismo de Estado. De él vive. Por eso toda su polí­tica es la apologí­a de “lo público”, de su negocio, chollo y chanchullo particular, o dicho rigurosamente, de la forma como el capital privado se Crea y acumula a partir del capital estatal, según lo habitual en el capitalismo desde hace siglos.

    Todo ello se entiende dado que un inspirador del ala alcornoque del 15-M es José Luis Sampedro, galardonado con el Premio Nacional de las Letras, 40.000 euros, lo que en realidad no es nada al lado de los cientos de miles o quizá millones que ese premio le va a proporcionar por sobre-ventas, conferencias (¿a cuánto las cobra, a cuántos meses de trabajo de una-un asalariado medio equivalen?) y demás canonjí­as.

    Claro que después de desgañitarse a favor de la tasa Tobin, institucionaliza por el gobierno de Sarkozy en Francia, y del robustecimiento financiero del Estado, realizado por el gobierno de Rajoy en España subiendo los impuestos, ¿qué otras boberí­as le quedan por hacer al sector de la izquierda del 15-M para desacreditar completamente el Movimiento y destruirlo?, ¿terminarán invitando a Sarkozy y a Rajoy a hablar en sus actos, como han hecho con Sampedro, Hessel y Stiglitz? Y si a estos sí­, ¿por qué no a Botí­n?

    Por eso no son de recibo libros como “Hablando de Izquierda Unida” de Carlos Taibo 1997, una defensa “crí­tica” de esta formación polí­tica. Ha llegado el tiempo de llamar capitalistas a los que engordan gracias al capitalismo de Estado y apologetas de los capitalistas a quienes los publicitan y exculpan. En estos momentos de inicio de una crisis social pavorosa tenemos que luchar, a toda costa, por la claridad, la exactitud y el rigor en las ideas. Lo estatal no es lo público y eso es lí­nea divisoria. Lo público es lo del pueblo, lo que se realiza a través de una revolución integral, no en las urnas. Quien defiende a la izquierda es parte de ella, parte del entramado capitalista, una porción de la burguesí­a de Estado.

    La distinción izquierda/derecha es trivial y repudiable, pues ambas son expresiones polí­ticas del capital. La izquierda está completamente corrompida en lo polí­tico y moral, es una fuerza para la degradación y la desintegración de la sociedad y los individuos, y se trata de oponer a la izquierda-derecha una polí­tica revolucionaria dirigida a la regeneración integral de nuestra sociedad, por completo hundida en el fango por la izquierda y sus apologetas.

    Una polí­tica popular y revolucionaria, y no una de izquierda-derecha, en lo que se necesita, y lo que hay que crear entre todas y todos.

    Si alguien se pregunta cómo es posible que con 5,4 millones de parados reine la paz social más completa debe tener por respuesta que la causa está en el pérfido juego de presentar a la izquierda como “anticapitalista”, pues ello desmoraliza y confunde tan completamente a las gentes que las empuja a buscar salidas personales a los problemas y no colectivas, como deberí­a ser.

    Quienes estén de buena fe en la izquierda se han de atrever a dar allí­ la batalla de las ideas, contra el mito de lo estatal como “público”, contra la miserable alabanza obsesiva del Estado, contra la fe en el parlamentarismo, contra la creencia en que la izquierda es diferente a la derecha, contra el culto al dinero, la corrupción sin lí­mites, las riñas internas por acaparar puestos para enriquecerse, la inmoralidad extrema y el servilismo hacia lo burgués en todas sus formas. Tales son las señas de identidad de la izquierda que hay que denunciar, para crear una alternativa revolucionaria. Ahora esto puede hacerse.

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