El año pasado (30 de abril de 2015) el compañero Ruymán fue detenido sin justificación alguna como parte de la campaña policial para desestabilizar el proyecto de la Comunidad “La Esperanza” (el propio compañero lo contó aquí: Torturas a un militante de la FAGC). Después de un período de deliberación, el juez acabó considerando que lo denunciado por la Guardia Civil como delito de “atentado a la autoridad” debía ser juzgado como una simple falta de “desobediencia”.
ACTUALIZADO: Celebrada la vista oral del juicio, el militante libertario ha sido absuleto y el guardia civil sobre el que se denunciaban torturas ha sido a su vez procesado de oficio
La Guardia Civil, cuyo principal interés en este caso es meter en prisión al compañero y sacarlo de circulación, recurrió la decisión judicial y llevó el caso al Provincial. El Provincial ha aceptado el recurso y ahora al compañero vuelve a imputársele un delito de “atentado a la autoridad”, y a pedírsele penas de prisión más la multa e indemnización correspondientes. El próximo juicio es este 16 de febrero (2016). Otro dato a destacar es que, curiosamente, el juez que rebajó la imputación de delito a falta ha sido sustituido y ahora lo juzgará otro magistrado.
Uno de los agentes que lo denuncia, el principal responsable de las torturas, no aporta como prueba de dicho “atentado” más que un parte de lesiones que se reduce, literalmente, a “una rozadura en el muslo”. El mismo declaró abiertamente, en los pasillos de juzgados, que si volvía a desestimarse el caso como delito contaba con todo el apoyo del cuerpo para volver a recurrir y llevarlo hasta el Supremo. Repetimos que todo es parte de una maniobra para neutralizar al compañero y sacarlo de la lucha social.
Parte de este despropósito es que al compañero le reclama la seguridad social los gastos médicos provocados por la asistencia que requirió después de las torturas recibidas (aquí se ven algunas de las lesiones: Evidencias fotográficas de las torturas).
A todo esto también se suma una oleada de denuncias administrativas demenciales, como la que reproducimos a continuación, en las que por ejemplo se le reclama que abone una multa de tráfico, a pesar de no tener vehículo ni carnet de conducir ni haber conducido nunca. Algunas de estas multas, que le llegan ahora, datan incluso desde el 2011 y provocan embargos, como esta misma, de hasta 220 euros:
Como vemos, a la represión puramente policial se suma la administrativa, que secuestra cuentas bancarias y nóminas y condena a la muerte civil a sus víctimas. Es una guerra de desgaste y agotamiento que obliga al afectado a defenderse en varios frentes y a iniciar una vía de reclamaciones que sólo suponen más gastos y un entorpecimiento de su actividad militante.
Como sabemos que esta lucha es larga repetimos nuestro llamado a la solidaridad hecho hace algunos meses (La FAGC y la Represión), para que si después de este juicio las cosas empeoran aún más, se le dé cobertura mediática al compañero y se le preste todo el apoyo que nos sea posible. Para al menos intentar que no les resulte tan fácil salirse con la suya.
“Sé que no se puede competir contrar el formidable arsenal del que dispone la sociedad. Sé que seré vencido, que soy el más débil; pero espero haceros pagar cara vuestra victoria” (Octave Garnier, carta abierta al prefecto de policía, 19 de marzo de 1912).
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