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El 1 de julio, momento de la entrada en vigor de la Ley Mordaza y de la última Reforma del Código Penal, la monarquí­a española se convierte en un Estado policí­a, culminando una etapa de populismo punitivo que arranca en la década de los noventa con la Ley de la Patada en la Puerta y el Código Penal “de la democracia”, el más duro de Europa y digno heredero del código franquista vigente hasta 1995. Texto de la Revista Libertaria Argelaga.

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Lo que habí­a sido hasta hoy un Estado partitocrático caracterizado por un autoritarismo rampante emanando de un “poder” legislativo que poco a poco iba conculcando derechos y suprimiendo libertades con la ayuda de un “poder” judicial dependiente de los partidos, ya es un Estado de excepción declarado gracias a un ordenamiento jurí­dico hecho a la medida del aparato represivo. La diferencia no es sutil: hasta anteayer la partitocracia se apoyaba principalmente en el conformismo de las masas; ahora ante todo lo hace en “las fuerzas y cuerpos de seguridad”. Eso quiere decir que, bien por la irrupción incontrolable de la cuestión social, bien por la debilidad irrefrenable del régimen ante las consecuencias de la salida de Grecia de la zona euro, los problemas polí­ticos se están contemplando cada vez más como problemas de seguridad, es decir, como problemas de orden público.

Al menos, a una parte significativa de la clase dominante le ha entrado pánico ante el peligro que conlleva el desarrollo de los conflictos sociales en las urbes y el territorio, consecuencia directa de la crisis económica y el descrédito institucional, y ha considerado que no era suficiente el refuerzo del sistema de partidos que ha supuesto la aparición de nuevas opciones polí­ticas. Una parte de la oligarquí­a dirigente confí­a más en la integración de los partidos y coaliciones emergentes gracias a una polí­tica de pactos; la otra, cree más en los cordones policiales con carta blanca para reprimir sin contemplaciones toda veleidad de protesta y de disidencia. En un caso bastarí­a con los mecanismos de vigilancia y control habituales del posfranquismo, fuertemente respaldados por la legislación de los anteriores gobiernos socialistas; en el otro, se tratarí­a lisa y llanamente de volver a la polí­tica de orden practicada por la dictadura franquista.

El pacto social que fundamentaba la partitocracia, representado por la ley Corcuera, parece haberse resquebrajado. Las fuerzas polí­ticas partidarias de anteponer la “seguridad ciudadana” al estado actual de los derechos de intimidad, vivienda, acogida, reunión, manifestación y expresión, de por sí­ bastante recortados, piensan que la situación social amenaza con deteriorarse y derivar hacia coyunturas griegas pues el régimen es demasiado vulnerable a las especulaciones financieras y a medida que surjan nuevos agujeros en la financiación lo será todaví­a más. A fin de conjurar una crisis potencial con otro rescate en el horizonte complicado con un Syriza a la española, ellas han apostado por la lí­nea dura. Creen conveniente imponer un “marco jurí­dico adecuado” y una desregulación de la actividad policial que permita total impunidad a prácticas ilegales que se vení­an ejecutando sin demasiada cobertura, tal como hizo en su momento la anterior ley. Incluso se le autoriza a imponer sanciones que antes incumbí­an al juez.

Parece que la intervención arbitraria y desproporcionada de la policí­a contra “terceros” que protesten sea, oligárquicamente hablando, la única forma de garantizar “el normal funcionamiento de las instituciones” dentro de la crisis y asimismo, de mantener “la tranquilidad” de los ciudadanos que deciden en la economí­a y la polí­tica. Para que la sociedad y el Estado continúen en manos de irresponsables y corruptos, la calle ha de quedar a merced de los verdaderos violentos: la madera.

La ley Mordaza es la primera de su estilo en definir el concepto de “seguridad ciudadana”: es “la garantí­a de que los derechos y libertades reconocidos y amparados por las constituciones democráticas puedan ser ejercidos libremente por la ciudadaní­a”. La redacción resulta más clara de entender cuando se tiene en cuenta que se refiere al derecho de estar de acuerdo con las disposiciones del Estado y a la libertad para obedecerlas. La legislación securitaria amplí­a el muestrario de hechos “perturbadores” y figuras delictivas con términos suficientemente ambiguos como para abarcar a un sector importante de la población, aquél que se manifiesta, desobedece, grita a los polí­ticos, se opone a los desahucios, convoca movidas por internet; aquél que forma parte de piquetes de huelga, okupa casas, corta el tráfico, fotografí­a las brutalidades de las fuerzas de orden; aquel que interfiere “en el funcionamiento de infraestructuras crí­ticas”, es decir, que defiende el territorio, e incluso el hincha futbolero demasiado ruidoso y… aquél que hace botellón: la dipsomaní­a juvenil resulta ahora subversiva a la mirada beata de los dirigentes. En el cesto punitivo cabe de todo, desde el yihadista fanático al modesto ciudadano que no se cree obligado a mostrar su carnet de identidad al primer esbirro; desde el pacifista que se encadena contra las lí­neas MAT al viandante que rehúsa un cacheo; desde el inmigrante indocumentado al insolvente que se resiste a abandonar su casa. Todos ellos son “infractores”, y como tales figurarán en un registro, cualquiera que sea la levedad de la infracción o el grado de culpabilidad, porque aunque ésta sea mí­nima, puede ser susceptible de considerarse contraria al orden constitucional, y por lo tanto, responsable de aportar su grano de arena a la desestabilización “de las instituciones polí­ticas, de las estructuras económicas o sociales del Estado”.

La ley Mordaza nos indica que el régimen partitocrático evoluciona imparablemente hacia una sociedad orwelliana como la descrita en la novela “1984”, con la información unilateral, el control de masas, la represión del activismo social, la erradicación de la inteligencia crí­tica, las neolenguas y los ministerios de la opresión, donde cualquier muestra exterior de disconformidad puede comportar terribles humillaciones. Es evidente el Gran Hermano de hoy no es el Partido, sino el Estado partitocrático, pero los lemas siguen siendo los mismos: “la guerra es la paz”, “la libertad es la esclavitud”, “la ignorancia es la fuerza”. La Ley Mordaza es un producto tí­pico de la Razón de Estado, pues con ella se persigue un aumento de poder que apunta a la conservación del régimen por encima de los súbditos denominados “ciudadanos”, sea cual sea el medio empleado. De preferencia, los inmorales, arbitrarios, violentos e ilegí­timos, pues a los ojos de los expertos represores de la oligarquí­a dirigente, son los más eficaces.
La partitocracia desde el pasado 1 de julio es ya visiblemente lo que ya era esencialmente: un Estado policial que da la bienvenida a su “ciudadaní­a” con una expansión penal perfectamente regulada sin necesidad de recurrir al golpe de Estado.
Revista Argelaga, 6-07-2015

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