La detención de nueve jóvenes anarquistas en Barcelona y Manresa el pasado 28 de octubre, así como el registro de varios locales sociales y domicilios, se presentó como una segunda fase de la llamada “Operación Pandora”, montaje policiaco-judicial iniciado en diciembre de 2014. Los esbirros esgrimían la misma acusación de “pertenencia a organización criminal con finalidad terrorista” basada en unos “indicios” igual de evanescentes y con el mismo resultado: la puesta en libertad de todos menos uno, retenido a causa de “la aparición de su alias en una acta encontrada en un ordenador confiscado durante los registros.” La prueba, escogida para conceder una brizna de credibilidad a lo que sin duda ha sido una verdadera chapuza, no puede ser más ridícula. Texto de la Revista Libertaria Argelaga.
Cabe preguntarse el porqué de la misma. Parece como si los dirigentes de todo pelaje sintieran la cercanía del derrumbe de su mundo y se aprestaran a defenderlo con lo primero que les vendría a mano. ¡Lástima que sean los únicos en sentirlo! Ciertamente, aun bajo el reino autocrático del capital el Estado se considera vulnerable por débiles que puedan ser las protestas, y para cubrir sus puntos débiles de los ataques del sector de población irreductible necesita asegurarse la obediencia de sus súbditos más completa, cosa que le lleva a fabricar un enemigo interior frente al cual su inoperancia, arbitrariedad y corrupción sean preferibles.
El Poder construye terroristas imaginarios que sueñan con atentados contra iglesias y cajeros automáticos con el objeto de “desestabilizar el Estado y alterar gravemente la paz pública” sin temor a que nadie le contradiga, ya que su palabra ocupa todo el espacio mediático. El discurso del orden no autoriza réplicas, por algo los medios son los medios del sistema; así pues, la incoherencia del montaje no parece importar a la dominación. La lógica nace en el diálogo social, la información veraz y el debate libre, y las condiciones actuales de comunicación unilateral no permiten su existencia. Las leyes de excepción del estilo de la Ley Mordaza remacharían el clavo de la desinformación si fuera necesario. En consecuencia, la Razón de Estado puede presentarse sin problemas como “lucha contra el terrorismo” y “defensa de la democracia”.
La invención de una organización terrorista con el fin de criminalizar cualquier movimiento contestatario es una práctica manifiestamente trivial típica de todos los Estados modernos, y su patética incongruencia no revelaría sino la ineptitud de los estrategas del poder, especialmente los españoles, en elaborar un tinglado con visos mínimos de credibilidad aparente a efectos propagandísticos en favor de lo establecido. Sin embargo, la novedad no consiste en la falta de consistencia, sino en la autoría.
En efecto, lejos de limitarse a acatar los mandatos de la Audiencia Nacional, el Govern de la Generalitat en realidad ha sido el verdadero responsable del montaje pandoril. El diseño e impulso de la Operación Pandora no partió de las cloacas del Estado central, sino de la Comissaria General d’Informació dels Mossos d’Esquadra y de la Conselleria d’Interior del Govern. La insostenible figura del terrorista “insurreccionista” es innegablemente obra del partido Convergéncia Democrí tica de Catalunya, aparentemente inmerso en pleno “proceso de desconexión democrí tica” con el Estado español. El juez de la Audiencia Nacional no ordenó ningún registro ni detención, sino que simplemente autorizó a la policía catalana para realizarlos. Los Mossos fueron quienes aportaron listas y datos e incluso pretendieron alargar el secreto del sumario y prolongar la prisión preventiva de los detenidos a fin de confeccionar pruebas que les relacionaran con la explosión de artefactos caseros. La orden de la Audiencia no hacía más que
cubrir un operativo preparado en el edificio Egara de Sabadell, el cuartel general de la policía autonómica. Mientras el partido de la inocencia, la CUP, reprochaba al presidente Mas su obediencia a los imperativos de la justicia estatal, su Conselleria d’Interior, la verdadera impulsora del operativo, efectuaba sus planes según lo previsto. Lo que una CUP abotargada por el sentimentalismo nacional jamás podrá entender es que “la represión de los movimientos populares” no es sino el primer paso de la construcción de la república catalana, puesto que el proceso está dirigido por un partido representante de intereses financieros, empresariales y comerciantes. Para garantizar “un marco económico nuevo” son indispensables los actos represivos, puesto que un Estado debutante ha de mostrar en materia de control un proceder similar o incluso más enérgico que el de los Estados consolidados.
Los enemigos reales de la Generalitat no son pues los partidos “españolistas”, y mucho menos “Madrid”. Los verdaderos enemigos son quienes empañan la imagen idílica de la sociedad catalana clamando pacífica y democráticamente por su independencia: los refractarios a la farsa electoral que denuncian el ensañamiento punitivo con las dos sindicalistas acusadas de prender fuego a una caja de cartón ante las puertas de la Bolsa de Barcelona; los que creen que la mencionada “desconexión” es cómplice de la prórroga de prisión provisional de Francisco y Mónica; los contestatarios que protestan contra la precariedad, los recortes, la construcción de líneas MAT y centrales eólicas, contra los centros de internamiento, los desahucios, la brutalidad policial y el machismo; en suma, los que no se sienten representados por los parlamentarios, por más nacionalistas que fuesen, y purgan por abolir el Estado, en Cataluña y en todas partes.
Son los responsables directos del ridículo institucional del “Parlament” y del fiasco represivo de Can Vies, algo imperdonable a ojos de la oligarquía política local. El montaje Pandora no es más que un intento criminalizador del enemigo verdadero con la complicidad de un supuesto enemigo, el Estado español. La Generalitat quiere demostrar al mismo tiempo su vocación represora de antiautoritarios y su voluntad negociadora con los continuadores del Tribunal de Orden Público. Ella misma nació de un pacto con los herederos de la Dictadura, y, por lo tanto, del TOP. El “empoderamiento de la ciudadanía catalana” al que se refiere la declaración inaugural de Convergí¨ncia, Esquerra y CUP, ha de debutar con una pacificación total de la escena social catalana, tanto en el mundo laboral como en el territorio, siendo la caza del anarquista su primer capítulo. Si realmente se quiere mantener el espectáculo del enfrentamiento político entre “Catalunya” y el Estado central que tanto complace a la dominación y a los filisteos que se regodean con ella, si se pretende enmascarar la cuestión social revolucionaria con un circo nacionalista integrador, se han de volver invisibles todos los antagonismos sociales, pero los anarquistas -y otras malas hiervas- no están por la labor. Ese es su gran delito y por él están en el punto de mira de toda autoridad.
¡Libertad para todos los detenidos!
¡Viva Cataluña sin gobierno!
Revista Argelaga, 13 de noviembre de 2015
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