La reciente oleada de detenciones de manifestantes que participaron en la jornada de huelga general del pasado 29 de marzo, que se ha registrado con especial virulencia en Barcelona, se enmarca en el escenario de una situación cada vez más represivo en la actual dinámica de recortes y agresiones sociales. Ante un más que posible aumento de la conflictividad en todos los ámbitos el Estado trata de blindarse con una legislación de excepción y con detenciones selectivas que tratan de difundir el miedo entre la población.
Aún cuando ha sido en Barcelona donde mayor eco mediático y gravedad respecto a los cargos han alcanzado, la oleada de detenciones que en estos días se ha llevado a cabo en diversos lugares de nuestra geografía sobre participantes en las movilizaciones de la jornada de huelga general del 29-M, pone de manifiesto cuál serán las medidas de choque que desde el Estado se van a aplicar contra las protestas sociales que se avecinan.
La prolongación de la prisión preventiva para tres de los huelguistas detenidos en Barcelona el 29 de marzo, y el arresto de otras tantas personas a escasos días de la reunión del Banco Central Europeo, para la que el gobierno ha solicitado ya la suspensión del Tratado de Schengen (que significa de facto el cierre temporal de las fronteras), son ejemplos claros de cuál va a ser el modus opernadi que va a aplicarse respecto a las movilizaciones sociales.
Una política que apuesta por la difusión del miedo como instrumento coercitivo y que se ve además acompañada por un paquete de medidas judiciales que busca tipificar de manera penal cualquier muestra de desobediencia o molestar frente a la actual situación. La reforma del código penal apunta a criminalizar la oposición no solo en sus expresiones más directas que pueden ser calificadas mediante la legislación antiterrorista, sino que incluso la resistencia pasiva puede ser considerada atentado a la autoridad.
Mención especial merece el hecho de tratar de considerar como delito de integración en organización criminal convocar manifestaciones o concentraciones a través de internet lo que supone un claro ataque a la libertad de expresión y comunicación de la que tanto se jacta el llamado Estado de Derecho.
Los sucesos represivos vividos durante la jornada del 29 de marzo en Burgos, en los que la Policía Local utilizó perros y porras extensibles contra los manifestantes, y que en breve se tratarán de analizar en profundidad a través de DV, nos informan de que nuestra ciudad no será una excepción en este clima de constante represión y nos aportan algunas claves de cómo será el futuro más cercano.
Un panorama poco halagí¼eño el que se avecina pero en el que quizás la reflexión y respuesta compacta frente a las agresiones sociales puedan ser elementos que permitan superar la situación.
Modesto Agustí
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