La coordinadora contra la privatización de la Sanidad convoca nuevas movilizaciones descentralizadas para fortalecer la autoorganización en cada barrio o pueblo en defensa de la sanidad gobierne quien gobierne.
A continuación el texto de la convocatoria:
<En este escenario, es urgente aglutinar a todos los que creen en la necesidad de un sistema sanitario al margen del lucro y al servicio de la salud colectiva. En todo el estado, gobierne quien gobierne: derogación de las leyes privatizadoras, ni un euro de nuestros impuestos para empresas privadas; reforzamiento del sistema sanitario y de la salud pública.
Al mismo tiempo, si el sistema no garantiza la asistencia sanitaria en tiempos adecuados, no es descartable pensar en posibilidades alternativas de atención sanitaria gestionadas desde la base. La experiencia griega es muy cercana y demostró que era posible.
La Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad (CAS) llama a la movilización para defender los centros sanitarios públicos, ahora más necesarios que nunca. Todos los lunes, a partir del lunes 14 de septiembre, asambleas ante los Centros de Salud de cada barrio o pueblo.
¡Preparemos la gran movilización estatal, el sábado 17 de octubre en todos los puntos del Estado en los que sea posible!>
Texto completo:
La crisis del covid como oportunidad de negocio
Como el sistema ha aprovechado el covid para avanzar en el deterioro del sistema sanitario y su privatización.
Nuevas movilizaciones en todo el Estado. A partir del lunes 14, cada lunes a las 20h, asambleas delante de los Centros de Salud, en el camino hacia la movilización general descentralizada el sábado 17 de octubre.
Acallados los aplausos y las hipócritas alabanzas a la sanidad pública por parte de los diferentes gobiernos, continúa cayendo dinero público a chorros en los bolsillos de las empresas privadas.
Después de haber desmantelado los servicios de Salud Pública, aquellos que debían haber dirigido el funcionamiento del conjunto del sistema sanitario durante la pandemia, Cataluña y Madrid han coronado el esperpento de sus despropósitos. Ambas contrataron con empresas privadas el “rastreo” de casos de Covid 19. La Generalitat adjudicó 17,7 millones de euros a una filial de Ferrovial 1 y la Consejería madrileña contrató con un grupo de empresas encabezado por Telefónica e Indra. Esta última, presidida por Fernando Abril Martorell 2, nombre de nefasto recuerdo para la sanidad. En ambos casos la adjudicación se hizo directamente, sin concurso alguno. La décima parte del personal necesario realizó los servicios de rastreo. Sin formación sanitaria alguna y sin relación con los servicios sanitarios públicos.
Por su parte, el Servicio Andaluz de Salud ha decidido destinar más de 100 millones de € a acuerdos con la sanidad privada para pruebas diagnósticas e intervenciones quirúrgicas 3. Con esos 100 millones podrían haberse contratado cerca de 1.000 médic@s (salario bruto de 50.000 euros) y 1.700 enfermer@s (salario bruto de 30.000 euros) durante un año. Al mismo tiempo, destinará otros 75 millones € para “peonadas” 4.
Ahora, tras el paréntesis veraniego, nos encontramos con un incremento de los contagios y con el sistema sanitario bajo mínimos. Incapaz de dar respuesta al resto de problemas de salud de la población (con seguridad se ha producido un aumento de la mortalidad indirecta), corriendo el peligro de volver a colapsar si los ingresos se disparan. En todos los territorios el desastre organizativo es total, independientemente de quien gobierne. Sin rastreadores suficientes. Con laboratorios desbordados. Plantillas al límite. Centros de atención primaria, de urgencias y plantas enteras de hospitales públicos, cerrados. Trabajadores agotados cuando no maltratados con contratos basura, llegando incluso a plantearse la renuncia a sus contratos.
Las grandes ciudades con sus nodos de diseminación, un sistema sanitario en estas condiciones y la incapacidad homicida de la administración, son un caldo de cultivo perfecto. Y no es descartable una nueva masacre en las residencias de mayores. Porque tras 6 meses de pandemia, siguen sin control serio, sin los medios necesarios para dar respuesta a la misma situación. Y los políticos solo se han planteado el confinamiento total, inhumano, para sus residentes.
Todo ello es producto de décadas de privatizaciones, desmantelamiento y recortes. Privatizaciones legales gracias a la ley 15/97 y al artículo 90 de la Ley General de Sanidad. Recortes producto del artículo 135 de la Constitución. Leyes que todos los partidos del arco parlamentario apoyan en la práctica.
Pero la pandemia ha demostrado, aparte de lo anterior, lo que llevamos años denunciando: que el sistema sanitario es para los gobernantes una oportunidad de negocio, en cualquier circunstancia, aquí y en otros puntos de Europa 5.
El caso de los rastreadores es paradigmático. En ninguna Comunidad Autónoma está funcionando correctamente el sistema de rastreo. En la mayoría, son rastreadores “invisibles”, que nadie conoce, sin ninguna relación con la atención primaria. Aplicando cifras internacionales, tendríamos que tener un rastreador por cada 4.000-5.000 habitantes. Eso supondría unos 10.500 rastreadores a nivel estatal, apenas 30 millones de €/mes, 360 millones al año dentro de un presupuesto sanitario de 70.000 millones de €.
Es un tema de prioridades sociales. Un solo avión de combate “Eurofighter” (de los que España tiene unos 70), tiene un coste de 90 millones de € (más 15 millones de €/año de mantenimiento). Es decir, por el coste de 4 aviones de combate (360 millones de €), garantizaríamos rastreadores para todo el estado durante un año 6.
No podemos achacar desconocimiento, ineficiencia o chapucería a lo que está ocurriendo. Es su histórica forma de actuar. Así frente a lo que dicta el sentido común, rastreadores y prevención (lo que reduciría el gasto sanitario a corto plazo al reducir las necesidades de asistencia de atención especializada) se ha elegido de nuevo lo más mediático y lo que ofrece posibilidades de negocio. Así los políticos se han lanzado a construir hospitales innecesarios si se hubieran dado los pasos lógicos desde la atención primaria 7 y costosos tratamientos, algunos de dudosa eficacia. Cualquier cosa menos prevenir lo que no sabemos curar.
El Sistema Nacional de Salud saldrá mucho más debilitado y enfermo de esta crisis. Su deterioro alcanzará niveles desconocidos, ideal para que los seguros privados sigan incrementando sus cifras de negocio. Y frente a esto, no son creíbles los cantos de sirena de la Comisión de Reconstrucción de PP, Podemos y PSOE, porque sus medicinas no van a las causas de su enfermedad, solo eternizan la agonía del sistema sanitario.
En este escenario, es urgente aglutinar a todos los que creen en la necesidad de un sistema sanitario al margen del lucro y al servicio de la salud colectiva. En todo el estado, gobierne quien gobierne: derogación de las leyes privatizadoras, ni un euro de nuestros impuestos para empresas privadas; reforzamiento del sistema sanitario y de la salud pública.
Al mismo tiempo, si el sistema no garantiza la asistencia sanitaria en tiempos adecuados, no es descartable pensar en posibilidades alternativas de atención sanitaria gestionadas desde la base. La experiencia griega es muy cercana y demostró que era posible 8.
La Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad (CAS) llama a la movilización para defender los centros sanitarios públicos, ahora más necesarios que nunca. Todos los lunes, a partir del lunes 14 de septiembre, asambleas ante los Centros de Salud de cada barrio o pueblo.
¡Preparemos la gran movilización estatal, el sábado 17 de octubre en todos los puntos del Estado en los que sea posible!
Por un sistema sanitario con gestión realmente democrática, para todxs, independientemente de la situación administrativa, que excluya al ánimo de lucro y que actúe sobre las causas sociales de la enfermedad.
