El día de ayer (29 de setiembre de 2009) la Sala hizo público el recurso que interpusimos las víctimas del segundo piso de plaza de Vega 6, desestimando nuestra pretensión de retirar la fianza de casi 300.000 €, que la juez fijó para suspender el proyecto municipal.
Esta es, y no otra, la única interpretación de la resolución dada a conocer recientemente. Por lo tanto, de respaldo judicial a la demolición, nada de nada. De hecho la juez sí ordenó la suspensión cautelar de la demolición, en espera del juicio contencioso-administrativo que tenemos interpuesto, y que saldrá a su debido tiempo, pero al condicionarlo al depósito de cifra tan elevada, en la práctica es como si no se hubiera suspendido. Cabía un hilo de esperanza, pues esa fianza era recurrible, pero la Sala la ha confirmado. Claro que una resolución opuesta habría sido totalmente inútil, porque para esta fecha el Ayuntamiento ya acababa de demoler los dos edificios.
¿Mala suerte? Nada que ver, el Ayuntamiento conocía la fecha del pronunciamiento y, para adelantarse, habilitó de forma excepcional el mes de agosto (inhábil a efectos administrativos), para no arriesgarse a una resolución contraria, dada su obsesión por la demolición a como dé lugar. ¿El argumento? No llegar a tiempo para poder cobrar los 300.000 euros que les ha concedido el Gobierno.
Es decir, si hubiera que buscar un responsable remoto para esta irreparable pérdida patrimonial que ha sufrido el casco histórico del antiguo Burgos, ésta sería la falta de concienciación de sus ciudadanos, que no aprecian en lo que vale el legado de sus antepasados (con ciertos toques de codicia y corrupción por parte de una minoría dirigente), pero el responsable directo sería la impropia utilización del plan E que, por dos veces, ha sentenciado esta emblemática construcción (al ser la subvención la base para la fianza y por el pretendido perjuicio económico al Ayuntamiento si no se concediera, por ejecutarlo fuera de plazo). De no existir esa ayuda, pensada “para dinamizar la economía y el empleo” mediante obra pública, la casa seguiría en pie.
Pero esta obsesión no es nueva, en mayo de 2004 el Ayuntamiento ya decretó la demolición en base a dos argumentos: la ruina y el “área de intervención”. Eso se recurrió y, por sentencia firme del TSJ, se confirmó que era ilegal. Entonces también hubo suspensión cautelar en espera de juicio, pero sin fianza, lo que salvó la construcción y nos dio la razón, pero ahora un Gobierno “progresista” ha puesto en bandeja la excusa perfecta y, a falta de un mecenas o entidad proteccionista y con la fianza desierta, el daño irreparable se ha consumado.
Pero eso no quiere decir que sea legal, de hecho nosotros sostenemos que es ilegal, sin que haya pronunciamiento judicial que lo desmienta, tan ilegal como cuando salió la citada sentencia del TSJ, y eso se comprobará cuando, pasado el tiempo, se resuelva el último contencioso-administrativo que nos obligan a interponer.
Sería bochornoso, y motivo de responsabilidad patrimonial, que finalmente no se pudieran conceder esos fondos, bien porque no se decidan a poner el famoso cartel o bien porque los responsables se den cuenta de que sólo serían subvencionables los 130.534 € con cargo al Ayuntamiento, según consta en el proyecto aprobado definitivamente por el Ayuntamiento, aunque según reza el proyecto presentado al Gobierno para la concesión de la subvención, la totalidad de los 306.908,16 € lo debían pagar los particulares.
Tampoco tendría ya sentido que la sentencia determinara la supresión de la fianza porque, como recoge la propia resolución, el daño que se pretendía evitar ya se había consumado unos días antes y, por ese motivo de ineficacia reconocido, la Sala no condena en costas.
LAS CUENTAS DE APARICIO EN LA PLAZA DE VEGA
Una vez ejecutado el encargo de arrasar estos dos edificios y liberar este solar en pleno centro histórico, Aparicio se lava las manos y los especuladores que lo urdieron entrarán a saco en pos de su “negocio”, para desesperación de los vecinos reales, que se quedan sin derechos, por lo que respecta al Ayuntamiento.
Al Ayuntamiento ya no le preocupa lo que pase después. El proyecto de demolición y urbanización que aprobó, encaminado a liberar este solar, fue presupuestado por el propio Ayuntamiento en 306.908,16 € *, que debían sufragar los particulares según constaba. Entonces todavía no había salido el plan E.
El plan E surge por Real Decreto de 28 de noviembre de 08, presentan el proyecto para la subvención, y el 11 de diciembre de 08 ya tenían concedida la ayuda por el importe total de 306.908,16 €. Es decir, el Gobierno pagaría el 100%.
Posteriormente, el 9 de enero de 09, el Ayuntamiento aprueba definitivamente el proyecto (la “ayuda” se concedió cuando el proyecto todavía no era firme administrativamente). En ese momento y “admitiendo una alegación”, divide el importe total en dos partes (admitiendo ahora que una parte corresponde al Ayuntamiento):
- Presupuesto a cargo del Ayuntamiento: 130.534,59 €.
- Presupuesto de demolición y urbanización: 176.374,18 €.
El 17 de marzo de 09 el Ayuntamiento adjudica el proyecto a una empresa
particular, que habría”mejorado” el montante un 10%, por un importe de
276.217,89 €.
El 29 de septiembre de 09 la Sala de lo C/A desestima nuestra pretensión de supresión de la fianza que se impuso como condición a la suspensión de la demolición (en espera del pleito contencioso administrativo), por el quebranto patrimonial que le supondría al Ayuntamiento la pérdida de los 276.217,86 €.
El que sepa sumar y deducir, que lo haga.
* Nota: el coste real de la demolición sería, según empresas especializadas, de 10.000 a 15.000 €, más lo que cueste urbanizar 50 m2 (imagínense un cuadrado de 7X7 m).
Fuente: Desalojados Plaza Vega.
