Lo que está en juego con la “Memoria Histórica”

Un artí­culo de opinión del veterano militante libertario Octavio Alberola donde reflexiona a cerca de la actual polémica sobre el procesamiento del juez Baltasar Garzón. Alberola analiza el caso desde una perspectiva alejada del dualismo  en el que viene presentado por los medios de comunicación utilizando términos como verdadero/falso combate.

Desde hace algunas semanas y más de treinta años después de haber muerto Franco, estamos asistiendo a una insólita movilización cí­vica, tanto en España como en Europa, de apoyo al juez que el Tribunal Supremo quiere inculpar por haber abierto y cerrado una causa que pretendí­a hacer justicia a las ví­ctimas de la represión franquista. Pero, aunque esta movilización esté plenamente justificada, tanto desde el punto de vista ético como polí­tico, ella puede perjudicar la causa por la que luchan desde hace mucho tiempo las familias de las ví­ctimas del franquismo: la plena rehabilitación moral, polí­tica y judicial de cuantos sufrieron la brutal represión instaurada por ese régimen fascista durante cuarenta años. Y puede ser así­ porque esta movilización se está centrando exclusivamente en la batalla judicial en defensa del juez Baltazar Garzón, olvidando el combate por la anulación de las sentencias pronunciadas por los tribunales represivos de la dictadura franquista. Esta vergí¼enza, este deshonor de una Democracia que continua -¡treinta y dos años después de haber promulgado su primera Constitución democrática posfranquista!- a validar las sentencias pronunciadas por la «Justicia» de la Dictadura contra cuantos lucharon para hacer posibles las libertades que hoy son constitucionales.

Ciertamente, el riesgo no es sólo el cese de esta movilización una vez terminado el caso Garzón sino que ella contribuya a hacer recaer exclusivamente sobre los jueces la responsabilidad de esta vergí¼enza y este deshonor. Una responsabilidad que incumbe sobretodo al Gobierno y a los Partidos con representación parlamentaria; puesto que es el poder legislativo el que promulga las leyes y no el poder judicial -los jueces debiendo sólo interpretarlas y aplicarlas.
Es pues el poder legislativo, compuesto por el Gobierno, los senadores y los diputados, el que tiene la responsabilidad de esta ignominia histórica y la potestad para ponerle fin. Ignominia que los Partidos polí­ticos han permitido, par cobardí­a moral y polí­tica, de existir y perpetuarse… La prueba: no es únicamente la Ley (pre constitucional) de amnistí­a de 1977 que es invocada por la Justicia actual para rechazar la anulación de las sentencias franquistas o para no investigar los crí­menes del franquismo, sino también la Ley de Memoria Histórica aprobada a finales de 2007. Esa Ley, cobarde e injusta, que no sólo no se atreve a rehabilitar a las ví­ctimas del franquismo sino que, además, las divide escandalosamente en dos categorí­as al establecer una infame discriminación entre ellas: unas con derecho a una reparación económica casi catorce veces superior a las otras !

Imposible olvidar también que, después de la promulgación de la Ley de amnistí­a de 1977 y la aprobación de la Constitución en 1978, se han sucedido varios gobiernos (e inclusive dos gobiernos socialistas que han gobernado durante varios mandatos cada uno) sin que ninguno de ellos haya osado rehabilitar plenamente a las ví­ctimas del franquismo. Lo mismo puede pasar ahora si nos focalizamos en el combate judicial provocado por Garzón o en el trámite parlamentario para anular o revisar la Ley de amnistí­a de 1977; pues en los dos casos hay el riesgo de que pase el tiempo y la anulación de las sentencias franquistas quede olvidada una vez más. Annulación que podrí­a ser pronunciada ya si el Gobierno socialista o la mayorí­a parlamentaria actual lo quisiera; pues esto depende exclusivamente de su voluntad de hacerlo… Voluntad de atacarse a un tabú de la Transición, como lo hicieron los Diputados el 20 de noviembre de 2002, cuando condenaron a la unanimidad el golpe militar de 1936, o el 26 de diciembre de 2007, cuando la mayorí­a de ellos aprobó la Ley llamada de Memoria Histórica que declara «ilegí­timos» los tribunales represivos franquistas e «ilegí­timas» sus sentencias.

Cómo pues no preguntarse el por qué hoy no cambian esa ley para que ella declare esos tribunales y sus sentencias nulos y nulas además de «ilegí­timos» e «ilegí­timas» en Derecho. ¿Por qué, después de tantos años de excusas y tergiversaciones, no lo osan o no quieren hacerlo?
El precio de la «transición» a la Democracia…
Es verdad que la «transición» a la Democracia no pudo hacerse que a condición de renunciar, los antifranquistas, a la ruptura institucional con la Dictadura, puesto que el antifranquismo habí­a sido incapaz de abatir la dictadura. Y que, en consecuencia, en ese momento no estaba en posición de fuerza para reclamar la restauración de la República y oponerse a la continuidad de las instituciones del Estado franquista y de los poderes fácticos. Impotencia que explica todo lo que ha seguido desde entonces hasta el dí­a de hoy.

Se puede pensar y decir lo que se quiera sobre el precio pagado para tener derecho a la Democracia que tenemos, pero la realidad es que la mayorí­a del pueblo español aceptó, sea por miedo o por interés, que elle sea lo que ella ha sido desde que esa mayorí­a la aprobó, en 1978, al aprobar la Constitución que define sus principios y prescribe su funcionamiento, y que nada dice del pasado ni manifieste voluntad alguna de querer mirarlo…

Entonces, cuando una gran parte de los españoles vota por los dos partidos comprometidos en este statu quo constitucional e institucional, ¿cómo esperar que los núcleos dirigentes de esos Partidos acepten de meterlo en causa? Porque, en efecto, la investigación judicial de los crí­menes franquistas implicarí­a, necesariamente, poner en causa el espí­ritu «de paz y concordia» impuesto, por los «vencedores» a los «vencidos» de la Guerra Civil, con fondo de ruido de sables para que la llegada de la «Democracia» fuese posible. Espí­ritu que obligaba a los «vencidos» a olvidar las «atrocidades de la Guerra Civil» y a resignarse a la impunidad de los crí­menes franquistas. ¿Cómo, pues, pretender, más de treinta años después de la desaparición de la Dictadura, poner fin a la impunidad que se les ha reconocido a los ex franquistas durante todos esos años, y, en ocasiones, hasta la honorabilidad que se les ha testimoniado al mostrarse públicamente con ellos? Es demasiado tarde para ello y, moralmente, muy poco digno exigirlo ahora para enmendarse de no haberlo exigido antes, después de tantos años de resignación y silencio! En todo caso, no deberí­amos olvidar que justicia no debe confundirse con venganza y que el rechazar ésta es lo que nos diferencia de los fascistas.
La verdadera justicia para las ví­ctimas del franquismo
Lo que les ví­ctimas de la represión franquista merecen, desde hace mucho tiempo, es la plena rehabilitación moral, polí­tica y judicial. Y es una infamia que estén obligadas de esperarla aún, después de más de treinta años de esta Democracia lograda -según nos dicen- gracias al espí­ritu de «reconciliación»… De ahí­ nuestro deber de movilizarnos para que ellas tengan derecho a esa rehabilitación plena que hasta ahora sólo parcialmente se les ha reconocido. Pues ni siquiera las condenas a muerte emblemáticas del presidente Lluis Companys y del poeta Miguel Hernández han sido anuladas, pese a las promesas hechas a sus familiares desde la propia presidencia del Gobierno.
A las ví­ctimas del franquismo les debemos esto y por ello debemos denunciar a todos los que, por cobardí­a polí­tica y moral, tienen la responsabilidad de que esta Democracia continúe con el deshonor de validar las sentencias de los tribunales represivos de la dictadura franquista. Y más ahora, cuando el Gobierno y el Partido socialista utilizan el caso Garzón para hacer olvidar su responsabilidad en ese deshonor e incitar, a las asociaciones de ví­ctimas del franquismo, a atascarse en el terreno judicial, para ellos ganar tiempo, cansar y desanimar a cuantos se movilizan hoy, y así­ mantener, cueste lo que cueste, esa infame Ley de «Memoria Histórica».
Es pues importante no equivocarse de combate, y más en este momento, cuando hay tantos que, por el eco mediático del caso Garzón, se despiertan ahora creyendo aportar su apoyo a las ví­ctimas del franquismo a través la defensa del juez de la Audiencia Nacional -la heredera del célebre TOP (Tribunal d’Ordre Public) durante el franquismo. Pues, aunque las circunstancias nos obliguen a tratar de impedir que la acusación presentada contra Garzón por organizaciones fascistas consiga su objetivo, es necesario acabar con este falso combate y movilizarse, por fin, para anular las sentencias franquistas y obtener así­ la definitiva rehabilitación moral, polí­tica y judicial de las ví­ctimas del franquismo. No sólo por deber de justicia sino también por deber de memoria y así­ poner fin a la amnesia institucional sobre la Guerra Civil, la Dictadura y los compromisos de la Transición.

Octavio Alberola

Fuente: Alasbarricadas.org
Nota de DV: Octavio Alberola es un conocido militante anarquista que durante la década de los 60 estuvo involucrado en diferentes organismos de oposición armada contra la dictadura franquista. En la actualidad es uno de los animadores del grupo pro-revisión del proceso Granado-Delgado