Muerte en la prisión de Burgos

Según ha difundido la asociación Salhaketa a través de su página web, uno de los reclusos de la cárcel de Burgos habrí­a aparecido muerto en su celda el pasado domingo 12 de enero. Según ha informado la propia familia del fallecido a la asociación que se encarga del seguimiento de las condiciones de vida de las personas detenidas, se tratarí­a de J.G.R, varón de 25 años y natural de Vizcaya, cuya condena por la que se encontraba recluido no estaba lejos de finalizar.

APARECE MUERTA UNA PERSONA PRESA EN LA CíRCEL DE BURGOS

Según fuentes de su propia familia, una persona presa, varón, vecino de Bizkaia, apareció el pasado dí­a 12 de enero de 2014 ahorcado en la prisión de Burgos en su celda. Se trata de J.G.R., de 25 años de edad, que pronto iba a cumplir el tiempo de la condena por la que se encontraba recluido en prisión.

Este hecho luctuoso, no notificado por Instituciones Penitenciarias, representa una nueva crónica de muertes anunciadas en las cárceles tal y como hemos venido denunciando.

Queremos denunciar la sistemática polí­tica de ocultamiento de estas muertes de las que no se facilita ningún tipo de información pública, como parte de la estrategia de impunidad ante las muertes no naturales que está acabando con la vida de estos jóvenes en el seno de instituciones públicas con las que mantienen una relación de sujeción especial y cuyo derecho a la salud y a la vida depende única y exclusivamente de las mismas. ¿Qué está pasando? ¿Por qué se ocultan estas muertes? ¿Por qué no se exigen responsabilidades o al menos se investigan? ¿Ocurrirí­a lo mismo si las ví­ctimas fueran otras? ¿Se pueden tolerar impunemente estas muertes en el seno de una institución del estado como es el sistema penitenciario?

Nos preocupa la nula iniciativa de actuación por parte de las autoridades judiciales competentes para esclarecer las circunstancias de estas muertes por causas no naturales, en su gran mayorí­a de personas jóvenes que no lo olvidemos mantienen una relación de sujeción especial con la administración del estado y, éste, tiene la obligación de garantizar entre otros, su derecho a la vida. Esta situación es inaceptable, sobre todo cuando la mayorí­a de esas muertes podrí­an evitarse, simplemente, con la aplicación estricta de la actual legalidad vigente.

Una vez más preguntamos a la Dirección General de Prisiones, al Ministerio de Interior y al Gobierno cómo va a terminar con esta terrible situación. Le preguntaremos cuántas muertes han ocurrido realmente, quiénes eran los muertos, cuales fueron las causas, qué medidas preventivas se establecieron, por qué no se excarceló a personas en avanzado estado de enfermedad, por qué las condiciones de vida en general y sanitarias en particular empeoran, que está haciendo con respecto a el hacinamiento, cómo es posible que haya tantas personas presas con enfermedades mentales graves y la gran mayorí­as de ellas sin diagnóstico ni tratamiento, por qué no cumple su propia legalidad cuando esta lo es en beneficio de la persona presa y se excede en su cumplimiento cuando lo es en su perjuicio… son demasiadas las preguntas sin responder.

Para acabar con estas muertes reclamamos medidas concretas tales como:

• Que el Ministerio Fiscal no se inhiba e investigue de oficio estas muertes la mayorí­a de ellas en extrañas circunstancias, tal y como le corresponde, para el esclarecimiento de las circunstancias y motivos las mismas, con le fin de depurar las responsabilidades  polí­ticas, administrativas y penales que se desprendan de estos hechos.
• La inmediata excarcelación de las personas presas gravemente enfermas, en especial aquellas en fase terminal, así­ como las que padezcan enfermedades mentales que en muchos casos suponen la inducción al suicidio. Estas personas necesitan unos cuidados y un seguimiento médico incompatibles con la cárcel que en muchas ocasiones es genera problemas de desequilibrio y enfermedad mental.
• La inmediata reforma de la legislación penal y penitenciaria que alarga innecesariamente las condenas y restringe el acceso a permisos de salida, tercer grado y libertad condicional que son las formas de cumplimiento más acordes con el objetivo final  que la ley otorga a las penas privativas de libertad y que contribuyen a disminuir la presión y mal trato psicológico que sufren las personas presas.
• La reducción del número de reos hasta la capacidad óptima de cada prisión para evitar la actual masificación, que aunque no es el único, si es uno de los motivos que influye en estas muertes, así­ como el cumplimiento de las condenas en la el centro más cercano al lugar habitual de residencia.
• El final de los regí­menes de incomunicación y aislamiento. Estos espacios de impunidad para torturas y/o malos tratos, son a la vez son espacios de riesgo para la aparición y/o agravamiento de determinadas enfermedades mentales, lo que significa que, de por sí­, el aislamiento es una tortura psicológica a erradicar.

SalHaketa Bizkaia – SalHaketa Araba