El pasado viernes 28 de agosto un extrabajador de la Fundación CISA-ASPANIAS exigió en las oficinas de esta entidad su readmisión inmediata por considerar que su despido se debió a un fraude de ley. La entidad se enfrenta a una huelga indefinida para principios de septiembre.
David trabajaba en CISA con contratos de seis meses alternando estos con lo de obra y servicio. La mañana del pasado viernes 28 de agosto denunció públicamente cartel en mano ante la sede de la entidad que sistemáticamente era obligado a inscribirse como demandante de empleo un único día, para posteriormente encadenar otro contrato prolongando esta situación durante más de dos años.
Por otra parte, este ex trabajador señala que, si en diciembre de 2019 la Fundación CISA no le renovó el contrato como debía haber hecho, se debió única y exclusivamente para evitar que su situación laboral pasase a ser la de indefinido, como marca la legislación vigente. Así mismo, la empresa señala que no había fondos suficientes para la nueva contratación del trabajador, quien a su vez pone de manifiesto las grandes cantidades de capital que manejan estas empresas y fundaciones, según se desprende de la información recientemente publicada en algunos medios.
David en la oficinas de CISA exigiendo su readmisión // DV
David está esperando desde entonces el juicio que ratifique esta realidad ya que en el acto de conciliación no hubo posibilidad de acuerdo alguno en tanto que la empresa se negó incluso a pagar las cantidades que tenía adeudadas. Por otro lado, el tiempo corre en su contra ya que se le está terminando la prestación por desempleo que ya le ha bajado después de los primeros meses. Remarca que, dabas las circunstancias, su situación es especialmente dramática ya que además cobraba el salario mínimo.
Desde su punto de vista, y como bien señala a este medio, declara que debe ser readmitido de manera inmediata sin que lo dirigentes de CISA-ASPANIAS busquen más escusas ya que no entiende cómo es posible decir que no hay dinero para contratarle pero si para pagar los abogados para ir a juicio o recurrir la sentencia.
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