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El debate sobre la locura inmobiliaria ha estallado, y ya no se frenará[1]

LadrilloHace un año aproximadamente la fiebre urbaní­stica y el desmadre de cementación del territorio estaban en su máximo apogeo, pero apenas habí­a debate polí­tico y social al respecto. Después de cinco años de verdadero desquicie inmobiliario, el llamado quinquenio de la euforia[2], se habí­an ido desarrollando distintos procesos locales de resistencia al Tsunami urbanizador español, principalmente las denominadas plataformas por la defensa del territorio, pero su incidencia en la esfera y el debate público se circunscribí­a, en todo caso, al ámbito local…

Parecí­a imposible romper la “espiral del silencio” con que los grandes medios protegí­an los fortí­simos intereses económicos y financieros que impulsan y se benefician del Tsunami. La sociedad española asistí­a complaciente a un fenómeno que beneficia a una parte sustancial del cuerpo social, en torno a un 20-30%, los sectores propietarios de más de una vivienda, que veí­an revalorizarse sus patrimonios, y a los capitales internacionales, mientras que está significando un verdadero terremoto social en la estructura de rentas para el resto, pues más de un 40% de la población española está fuertemente endeudada con hipotecas. Y más de un 30% de ella ni siquiera tiene capacidad para endeudarse con el fin de acceder a una vivienda, al tiempo que el mercado de alquiler se ha convertido en una salida minoritaria, tan solo posible para los sectores de mayor poder adquisitivo. La población más joven, o emigrante, con trabajos crecientemente precarios, va quedando cada vez más al margen del mercado, o de poder satisfacer de una manera mí­nimamente digna sus necesidades habitacionales. Cada vez pues más viviendas, y cada vez peor alojados, teniendo que destinar una cada dí­a mayor cantidad de las rentas salariales a la vivienda.

España se ha convertido en la cumbre de la burbuja inmobiliaria mundial, durante el periodo 1998-2005, según la OCDE, y en el paí­s de la UE con más viviendas por mil habitantes, con más viviendas vací­as (más de tres millones), y con más viviendas secundarias (una cifra aún mayor). La construcción de segundas residencias está orientada en una importante medida a la demanda externa de alto poder adquisitivo de los paí­ses ricos, principalmente comunitarios. Tanto de los que deciden retirarse a Españaa pasar los últimos años de su vida, más de un millón ya (la “Florida europea”), como a los que vienen a comprarse su segunda, tercera o cuarta residencia, especialmente en los lugares más privilegiados y cálidos de la geografí­a española. Y a ello se ha sumado una demanda adicional de fondos de inversión, de pensiones e inmobiliarios, y un más que abundante dinero negro nacional e internacional, ante las perspectivas de revalorización y las posibilidades de lavado en el sector inmobiliario, todo ello incentivado por la ley urbaní­stica de 1998 del PP, la ley del “todo urbanizable”. Una entrada pues en tromba del capital nacional y especialmente extranjero (lí­cito o criminal), que acudí­a al sector urbaní­stico español ante la fuerte subida de los precios de los productos inmobiliarios, de primera y segunda residencia. Y en el caso de esta última se ha producido un verdadero estallido de nuevas macrourbanizaciones de muy baja densidad, con campo de golf aparejados, que han servido para revalorizar la vivienda vacacional como producto de inversión. Se vayan o no a utilizar las viviendas, y se vaya o no a jugar al golf. Más de quinientos campos de golfo inundan ya nuestro territorio, y otro número similar se apresta para hacerlo en breve (aunque no parece que lo vayan a lograr los que los promueven, como veremos). El enorme impacto territorial y ambiental de toda esta sin razón es fácil de adivinar, máxime porque la explosión inmobiliario-constructora ha tenido lugar especialmente en aquella parte del territorio español con más escasez en recursos hí­dricos: archipiélagos, arco mediterráneo, y mitad Sur de la Pení­nsula Ibérica.

Pero la maquina inmobiliaria-constructora (y destructora) no sólo se ha desarrollado en esos espacios “privilegiados”, sino que ha alcanzado a todo el sistema de ciudades español, en especial a las grandes metrópolis, y muy en concreto a Madrid (la región metropolitana europea que más ha crecido en los últimos años), y también a gran parte de los pequeños núcleos a través del turismo rural, así­ como a la cornisa cantábrica y a la fachada atlántica gallega, e igualmente se ha proyectado hacia numerosos enclaves de montaña de gran valor paisají­stico, turí­stico y deportivo (áreas de ski). El cemento para nada tiene mal de altura. Lo cual ha quedado también claro por la irrupción de megaconstrucciones de oficinas en las principales metrópolis, que se alzan desafiantes hacia el cielo, rompiendo con los anteriores sky lines mas “mesurados”. Todo ello se ha visto incentivado por una abundantí­sima construcción de infraestructura de transporte (autopistas, aves, metros subterráneos y en superficie, ampliación y construcción de nuevos aeropuertos, creación de superpuertos y de un sinnúmero de puertos deportivos, etc.), así­ como por la proliferación de áreas logí­sticas en los espacios urbano-metropolitanos. Y estas infraestructuras han posibilitado un nueva expansión, sin precedentes, de la lengua de lava urbano-metropolitana, que está arrasando con nuestro paisaje natural y cultural de siglos, así­ como con terrenos de importante valor agrí­cola. Un crecimiento en mancha de aceite, y ahora también a saltos, en forma de piel de leopardo, con predominio del chalet adosado y viviendas unifamiliares, sazonado también por una proliferación de centros comerciales por doquier. Un modelo irracional basado en la construcción y el consumo, de gran impacto ecológico, pero que por el momento genera empleo y doblega conciencias. España estaba siendo engullida por el cemento, pero parecí­a que nadie se enteraba, o que mucha gente asentí­a, y que nadie decí­a nada. Las voluntades polí­ticas locales y regionales estaban siendo compradas por el enorme poder corruptor del dinero, mientras que toda España se estaba convirtiendo en una inmensa Marbella, y la cultura de la especulación penetraba en gran parte del cuerpo social. Eso era así­ hasta hace un año, aproximadamente. Pero de repente todo ha estallado. ¿Cómo ha ocurrido y qué pasará?

Ya a lo largo del año pasado, se empezó a articular de una manera efectiva una considerable protesta social ciudadana, de un contenido muy plural, en muchas zonas del territorio (principalmente en el Paí­s Valenciano, Murcia, muchas zonas de Andalucí­a, y en numerosos enclaves de los archipiélagos). Bajo el lema del “No se vende” la protesta social intentaba la defensa del territorio, ante el avance imparable del Tsunami. Pero a pesar de todo su eficacia parecí­a limitada, si bien este movimiento estaba sentando las bases para una resistencia más efectiva posterior, a través de una mayor repercusión social. Y quizás uno de los puntos de inflexión del estallido del debate público en torno a este tema fuera la irrupción en escena de la Operación Malaya. Un juez sensible se atreví­a a poner entre rejas a toda una corporación municipal, la de Marbella, destapando una corrupción urbaní­stica polí­tica y un enriquecimiento privado sin parangón, y el Estado se veí­a obligado a intervenir disolviendo el gobierno del ayuntamiento. El escándalo explota, ocupando primeras páginas en los periódicos, y el debate llega (distorsionado, por supuesto) hasta a los programas del corazón de las cadenas de televisión. En paralelo también se empiezan a organizar de forma muy espontánea movilizaciones de sectores juveniles por una vivienda digna en las principales metrópolis, que llegan a adquirir también una gran visibilidad mediática. Mientras tanto las condiciones de contorno que habí­an posibilitado la irrupción del Tsunami urbanizador empiezan a cambiar: paulatina subida de los tipos de interés, fuerte alza del precio del petróleo, y cierta ralentización de la entrada de capitales foráneos, al tiempo que el encarecimiento de las hipotecas empieza a hacer que aflore el enorme malestar social acumulado, hasta entonces invisible e inaudible. Y ante el clamor social en aumento, desde el gobierno se empieza a modificar también, dentro de un orden, el marco legal e institucional que habí­a sido una de las causas principales de todo este dislate.

A partir de ese momento, vamos a asistir a un rosario de estallidos de escándalos urbaní­sticos, una verdadera mascletá que atraviesa toda la geografí­a española de Norte a Sur, y de Este a Oeste, incluyendo por supuesto los archipiélagos. No hay dí­a que no nos desayunemos, en este último periodo, con un nuevo escándalo polí­tico y el pelotazo especulativo subsiguiente. Y también tiene lugar una explosión paralela del debate polí­tico-social en torno a esta locura urbaní­stica que parecí­a que habí­a atontado y amordazado a la población en su conjunto. Ambos procesos se realimentan mutuamente, alentando la movilización ciudadana. Y todo ello se ve incentivado también por un rifirrafe polí­tico en que los principales partidos utilizan, o se ven obligados a usar, como arma arrojadiza, los escándalos urbaní­sticos entrando en una dinámica del “y tú más”. Lo cual ceba aún más la proyección mediática y social de los escándalos, y hace que el debate ciudadano en torno a esta cuestión pase al primerí­simo plano de la actualidad polí­tica, a pesar de todo el ruido de fondo del debate “antiterrorista” en torno al llamado proceso de paz del paí­s vasco propiciado por el PP. Y es de suponer que de aquí­ a las elecciones municipales de mayo del año que viene el debate polí­tico-social en torno a esta cuestión no haga sino acentuarse. Ante este estado de cosas la Federación Española de Municipios se ha visto obligada a saltar a la arena pública para decir que no todos los ayuntamientos están salpicados por la corrupción urbaní­stica.

En los próximos meses esta dinámica es seguro que se profundice además porque el marco que propició todo este desmadre va a seguir cambiando aún más: por las subidas de tipos de interés previstas en el próximo horizonte, por el probable encarecimiento de los precios del petróleo (entrada en el escenario del “pico del petróleo”, y todo lo que ello supone[3]), lo que puede endurecer adicionalmente la polí­tica monetaria, por el estallido de la burbuja inmobiliaria mundial que todo ello comportará (ya ha empezado en EEUU, lo que tendrá consecuencias globales) y porque el capital foráneo parece que se está retirando ya claramente de los destinos urbaní­sticos en el territorio español. Una razón es porque la evolución de los precios, y de las revalorizaciones por consiguiente, habí­a empezado ya a flexionar en su subida claramente en el último año. Pero otra importante razón también es que el capital es muy temeroso ante el creciente clima de movilización social, presión mediática, e intervensionismo institucional consiguiente. La época de que lo imposible era posible, es decir la transformación urbaní­stica de cualquier espacio a cualquier precio, parece que ha tocado a su fin. Y ya se resienten claramente los principales artí­fices de la cultura del pelotazo. El “pocero” incentiva a los trabajadores de su macrourbanización a manifestarse ante el alcalde de Seseña, para la levantar la paralización de la actuación, y se querella contra él por el quebranto económico que está sufriendo. Se ha frenado en seco la venta de pisos en su nueva “ciudad”, y no sabe cómo va a hacer frente a la montaña de créditos que ha contraí­do. Los promotores protestan porque al tirar de la manta de los escándalos se puede ir al garete el negocio inmobiliario. En mi opinión la burbuja inmobiliaria ha empezado ha estallar, aunque por el momento tan solo estemos en una importante inflexión del Tsunami.

Ante todo este panorama, la movilización ciudadana se organiza y promete ir in crescendo en los próximos meses. Es más, se está promoviendo una confluencia de las movilizaciones por la defensa del territorio con las manifestaciones por una vivienda digna, y ambas pretenden converger en Madrid, después de un proceso de movilización y concienciación social local y regional, para principios de mayo del año que viene, poco antes de la cita electoral, para obligar al poder polí­tico a dar una respuesta ante este estado de cosas, pero sin esperar gran cosa de él. Es más toda esta marea será un elemento más en la deslegitimación adicional del mismo, que lleva años produciéndose. En definitiva, solo desde la movilización y concienciación ciudadana será posible frenar este estado de cosas, y solo así­ también se podrá reorientar, a través de complejos procesos moleculares desde abajo, el desastre territorial que nos ha legado estos últimos años de tsunami urbanizador. Este libro al que este texto sirve como prólogo es una muy buena muestra de la diversidad de dinámicas de resistencia ciudadana a todo este desastre, que es preciso que frenemos entre todos cuanto antes, para poder enderezar nuestro futuro.

Madrid, diciembre, 2006

PD: El 23 de diciembre han salido a la calle, en más de veinte ciudades del Estado, miles de personas denunciando la creciente precarización de la vida y el derecho a una vivienda digna, lo que ha tenido una considerable repercusión polí­tica y social. Como se ha apuntado en el texto, es de prever que la movilización social continúe en aumento de aquí­ al mes de mayo.

[1] Este texto saldrá publicado como prólogo del libro: “Paisajes amenazados de la provincia de Málaga”, impulsado por la coordinadora “Málaga no se vende”.

[2] Las causas y consecuencias de la explosión inmobiliaria las he intentado analizar de forma más detallada en un texto recientemente publicado: “El tsunami urbanizador español y mundial” (Virus, 2006)

[3] Ver mi artí­culo “El inicio del fin de la era de los combustibles fósiles” (www.nodo50.org)

Ramón Fernández Durán. Fuente y artí­culo integro: Indymedia

2 Comentarios para “El debate sobre la locura inmobiliaria ha estallado, y ya no se frenará”

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