La cumbre que no fue

Se cumple el primer aniversario de la cumbre de ministros de trabajo y seguridad social que estaba prevista se celebrase en Burgos y que las incidencias de aquella nube volcánica impidieron. Dí­as antes se desarrolló en Burgos una de las operaciones represivas de mayor envergadura que ha vivido nuestra ciudad en los últimos tiempos.

Durante el fin de semana del 20 al 23 de abril del pasado año tení­a previsto celebrarse en Burgos una cumbre de ministros de trabajo y seguridad social que se enmarcaba en el semestre de presidencia europea por parte del Estado Español. Una cita que fue ampliamente preparada y que se vivió en el marco de un autentico estado de sitio policial en el que tuvo lugar una operación represiva de magnitudes desconocidas hasta esa fecha en Burgos.

Laas incidencias de aquel volcán islandés de nombre impronunciable hicieron que dicha cumbre no llegara jamás a realizarse, pero aquella ceniza volcánica no impidió que las calles de Burgos fueran tomadas por cientos de efectivos policiales y que paralelamente se produjesen una serie de detenciones que añadieron una nueva vuelta de tuerca al escenario de control social y represión que se vive en la ciudad.

El 15 de abril de 2010 la noticia de la detención de 8 jóvenes antifascistas en Burgos corrió como la pólvora. En un despliegue policial sin precedentes agentes antidisturbios acompañados de efectivos de la Brigada de Información irrumpieron en el local que la asociación “23 de abril” tení­a ubicado en la calle Sagrada Familia número 29. Desde aquel fatí­dico jueves de abril la acusación de “asociación ilí­cita”, que ya se habí­a ensayado sobre otras expresiones de la disidencia burgalesa, pesa como una espada de Damocles sobre los procesados en esta operación que desde un primer momento fue percibida como una maniobra intimidatoria de cara a la cumbre que estaba por celebrarse.

A través de los habituales cauces de la prensa local, la Subdelegada del Gobierno en Burgos dejó patente cuál era el objetivo último de la misma:“ La operación se enmarca en las tareas de control que está llevando a cabo la Comisarí­a para garantizar la seguridad en la celebración de la reunión de ministros y secretarios de Estado de Seguridad Social de la Unión Europea que tendrá lugar en la capital burgalesa la semana que viene (del 20 al 23 de abril)”, publicaba Diario de Burgos en su edición del 16 de abril de 2010.

Con estos datos objetivos, y con los diversos acontecimientos que se han venido registrando, durante todo este tiempo vengo defendiendo la hipótesis que dichas detenciones fueron planificadas con mucha antelación dentro del paquete de medidas preventivas que se preparaban para la cumbre.  En este contexto, el supuesto artefacto explosivo que fue hallado en el local de la asociación 23 de Abril y que, a través de un comunicado los amigos y familiares de los afectados describen como una fabricación de los propios medios policiales,  serí­a la pieza clave de un montaje que necesitaba una pieza de cargo que de no hallarse debí­a ser necesariamente inventada para justificar el despliegue. Soy consciente que tal aseveración puede sonar a ciencia ficción, pero no es la primera vez que la fabricación de pruebas y de extraños artefactos forma parte del repertorio habitual de este tipo de operaciones propagandí­sticas.

Desde aquel entonces las medidas destinadas al incremento del control social y la represión no han ido sino en aumento. Desde la reciente Ordenanza Municipal que según parece restringe la pegada de carteles atendiendo a su contenido polí­tico, a la inminente colocación de cámaras de video-vigilancia impulsada mediante otra maniobra mediática que hací­a responsable de la agresión al joven Sergio Izquierdo a un colectivo del mismo área antifascista. Una acusación que fue puntualmente desmontada pero que ha servido como carta blanca para la puesta en marcha de una medida, como es la video-vigilancia, que no reducirá el número de delitos como pretende, sino que contribuirá al aumento del control social sobre la población que las actuales necesidades del Estado demandan.

Triste panorama el de Burgos, y más trise aún la poca capacidad de cuestionarse las consignas oficiales de la que ha hecho gala la sociedad burgalesa que se encamina hacia un panorama cada vez más totalitario. Un escenario en el que los “malos” tienen nombre y apellidos y, en la mayorí­a de las ocasiones, ciertas inquietudes sociales que parecen no encajar en la ciudad que nos están construyendo.

No quisiera terminar este artí­culo sin expresar la esperanza que albergo de que el incremento paulatino del control social contribuya a mostrar de manera visible la esencia inquisitorial de unas instituciones que suelen maquillarse con una ya desgastada aureola democrática.

No soy un iluso, ni mucho menos un profeta en horas bajas, simplemente me niego a aceptar que el pensamiento único deba ser la nota dominante.

Modesto Agustí­