Durante la mañana del pasado 28 de mayo alrededor de 30 personas irrumpieron en la sede del Instituto Madrileño del Menor y la Familia para pedir la clausura inmediata del centro de menores de Picón. Un centro que está gestionado por la Fundación O’Belen que posee también un centro titularidad de la Junta de Castilla y León en el barrio burgalés de Villatoro.
Realizamos esta acción para solidarizarnos con los adolescentes encerrados en el centro de menores Picón de Jarama. Hace ya varias semanas que se hizo pública la situación de malos tratos que se vive en ese centro, gestionado por la Fundación O´Belén, y sin embargo los adolescentes allí internados no han sido liberados y los malos tratos continúan completamente impunes o han sido paliados temporalmente.
Hace más de 5 meses que Hamid el Amrani murió ahorcado cuando estaba aislado en su celda de Picón de Jarama. Han pasado otros 2 meses desde que el Defensor del Pueblo presentase un informe señalando que existen al menos 12 procesos judiciales abiertos respecto al mismo centro y señalando negligencias de todo tipo.
Sin embargo “Picón” continúa funcionando y no sólo no se ha derivado responsabilidad alguna, sino que siguen produciéndose violaciones de los derechos humanos y malos tratos en su interior. Temporalmente se han adoptado algunas medidas paliativas; los menores afirman que se han reducido los periodos de aislamiento, los insultos y las agresiones, pero la entidad gestora se mantiene, el equipo “educativo” es prácticamente el mismo y la situación es de completa impunidad. Los responsables de la Comunidad de Madrid, comenzando por la Consejera de Familia y Asuntos Sociales en lugar de tomar medidas contundentes han negado que existiesen denuncias, quejas, y los propios malos tratos, faltando a la verdad públicamente, criminalizando y restando credibilidad a los chicos y chicas a quienes supuestamente “protegen”.
La principal circunstancia que denunciamos es que Picón de Jarama se constituye de hecho como un centro de detención para menores desamparados que no han tenido la posibilidad de defenderse en juicio alguno. Sometidos a distintos regimenes (desde aquellos que permanecen constantemente en el interior del recinto hasta aquellos a quienes se permite acudir a centros educativos y laborales o salir por periodos determinados de tiempo), estos menores son privados de libertad en base a criterios subjetivos de funcionarios o incluso trabajadores de entidades privadas. Se está violando lo dispuesto en los artículos 763 de la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil, 271.1 del Código civil y 6 del Decreto 246/2005 que señalan claramente que ninguna persona puede ser sometida a internamiento psiquiátrico sin ser escuchada previamente y sin la previa autorización judicial, independientemente de su edad o capacidad intelectual.
Como agravante, la reclusión no se produce bajo gestión pública sino en el interior de una institución privada tras la cual se encuentran intereses económicos que hasta el momento no han sido aclarados.
Tanto la Comunidad de Madrid, como la Fiscalía de Menores y el Defensor del Menor tienen constancia de estos hechos, no sólo a través del reciente informe del Defensor del Pueblo, sino mediante multitud de cartas, denuncias y quejas que han recibido, de los cuales presentamos públicamente varias hoy. Somos conscientes de que tras la Fundación O´Belén se encuentran poderosos intereses económicos y políticos, y lamentamos constatar que estos han sido más fuertes que el respeto a los adolescentes y trabajadores que han pedido ayuda. Por ello optamos por la vía directa: mientras continúe la impunidad seguirá habiendo movilización social contra el maltrato.
Extraido de Klinamen
Azucena Arráns
Las organizaciones estatales no hacen nada porque los niños no les interesan a nadie. En una sociedad donde los niños solo son seres que molestan y solo nos acordamos de ellos como elementos de consumo, este eslabón, el más débil de la cadena, se resquebraja sin remedio