Sonrí­e, te estamos vigilando

Tras varios años de intensa polémica, la ubicación de dispositivos de videovigilancia en las zonas de marcha nocturna de la ciudad de Burgos, es ya una realidad.  Hasta 16 cámaras han sido distribuidas por diversos espacios de la ciudad configurando una geografí­a del control que pretende convertirse en cotidiana. Pero, ¿cómo y por qué se ha gestado la imposición de la videovigilancia en Burgos? Ante la actual situación conviene reflexionar acerca de este nuevo fenómeno que empieza ya a afectar a nuestras vidas.

Las cámaras de videovigilancia en las que suelen ser llamadas zonas de marcha nocturna son ya una realidad en Burgos desde el pasado 19 de diciembre de 2013. Una medida de vigilancia que ha sido finalmente impuesta a la ciudadaní­a tras varios años en los que desde determinados rotativos se ha realizado una intensa campaña de concienciación. Quizás este término sólo sea un eufemismo sí­ tenemos en cuenta las dimensiones de la misma. Una medida que, de momento, afecta a lugares como las Llanas, Bernardas y Berbardillas en Gamonal, pero que, ante las cada vez mayores necesidades de control social de los Estados, tiene voluntad de hacerse extensiva con el tiempo a otros lugares de la ciudad.

Pero, ¿cómo se ha gestado la imposición de la videovigilancia en Burgos? ¿Qué factores han determinado su implantación y su casi nula, salvo honrosas excepciones, oposición a tal medida? Este artí­culo pretende ser una sí­ntesis de cómo y por qué ha venido cociéndose en nuestra ciudad la ubicación de decenas de ojos telemáticos que vigilan en la noche.

Para entender la actual situación es necesario echar la vista atrás y analizar cómo se producen los acontecimientos que han contribuido a que  las cámaras de videovigilancia sean hoy una realidad palpable en la ciudad del Arlanzón. Desde finales de la década anterior, el Ayuntamiento de Burgos a través de sus medios de comunicación afines comenzó a apostar fuerte por la implantación de las cámaras alabando su eficacia en materias de seguridad y omitiendo a la población cuáles pudieran ser sus contraindicaciones.

Desde inicios de 2008 el anterior alcalde de Burgos, señor Juan Carlos Aparico, manifestó su voluntad de llevar a cabo una polí­tica de control y vigilancia de determinadas zonas de la ciudad a través de cámaras de seguridad en un intento de congraciarse con la parte más recalcitrante de su electorado. Sin embargo, durante varios años la aprobación de la medida se vio impedida por la negativa por parte de la Subdelegación del Gobierno, en aquel entonces ocupada por la señora Berta Tricio, que frente a las demandas del consistorio burgalés argumentaba que tal circunstancia no era necesaria ni a nivel cuantitativo ni dada las caracterí­sticas de la ciudad.

En el periodo que va desde octubre de 2008 a mayo de 2009 se registraron varios sucesos en las Llanas, una de las más conocidas y frecuentadas zonas de marcha de Burgos, que están marcados por el mismo común denominador. Agresiones nocturnas en un contexto de ingesta masiva de alcohol que termina con la muerte de varios de los jóvenes implicados. Una situación que se repetirá hasta en tres episodios diferentes.  La respuesta por parte de la Subdelegación del Gobierno es el aumento exponencial de la presencia policial en la zona, siendo asignada su vigilancia a la denominada U.P.R, que sin embargo, y a pesar da la intensa presencia en la zona no logra evitar que estos sucesos se sigan produciendo.

Diciembre de 2010 se convertirá en uno de los principales hitos que marcan la intensificación de la campaña en pro de la instalación de las cámaras de vigilancia cuando un joven de apenas 18 años queda en coma tras verse envuelto en una pelea que tendrá dramáticas consecuencias.  La celebración de las vistas orales y la sentencia del juicio por la agresión a Sergio Izquierdo González parecen dejar claro que el detonante de la disputa entre ambos grupos de jóvenes es un hecho fortuito, (la puerta de un establecimiento que al abrirse golpea de forma involuntaria a uno de los jóvenes implicados),y que deriva en una pelea cuyo trágico resultado es ya de sobra conocido.

A pesar de todo, desde Diario de Burgos se inicia una intensa campaña de criminalización en la que sin ninguna prueba sólida se hace responsable de la agresión al colectivo antifascista Resaca Castellana generándose una autentica caza de brujas mediática. La identificación de un claro “enemigo interno” contribuye a calentar los ánimos y a predisponer a la población a favor de la implantación de la videovigilancia de forma acrí­tica. La situación llegará a lí­mites auténticamente dantescos cuando incluso un partido de extrema derecha ya desaparecido aprovecha los acontecimientos para hacer campaña propia  y conseguir disfrutar de altos niveles de visibilidad gracias a los media burgaleses.

Tras estos hechos, Ayuntamiento de Burgos y Subdelegación de Gobierno parecen caminar de la mano en la solicitud para la instalación de las cámaras de videovigilancia en Burgos. Tras la petición conjunta, no tardarán en recibir el visto bueno por parte de la Comisión de Garantí­as de Videovigilancia de Castilla y León, que limita, sin embargo,  su uso solamente en horario nocturno los dí­as ví­speras de festivo. A pesar de contar con el permiso, la falta de presupuesto por parte del consistorio burgalés ha hecho que la implantación de tal medida se haya ido retrasando durante estos dos años. Un periodo que ha sido aprovechado para realizar una prolongada campaña a través de los medios de comunicación locales sin que en los mismos se hayan podido escuchar voces discordantes.

Este es, a grandes rasgos, el estado de la cuestión sobre la videovigilancia en Burgos al que llegamos en diciembre de 2013 cuando la medida se ha hecho finalmente efectiva.

Razones para oponerse a las cámaras de vigilancia

Durante todos estos años a través de DV y otros medios crí­ticos se ha venido denunciado con argumentos que tras la implantación de las cámaras de videovigilancia se escondí­a una finalidad última que no ha sido revelada a la población y que se ajustarí­a más a la cada vez más creciente capacidad de control por parte de las instituciones que a los argumentos vertidos por el tándem consistorio-subdelegación.

Con todo y con esas, algunos echamos de menos que apenas haya habido un debate serio en la sociedad burgalesa y que cuestiones como las que se aportan a continuación han estado prácticamente ausentes de los grandes rotativos durante estos años:

• La instalación de las cámaras de videovigilancia no reduce el número de delitos. Es un hecho que las estadí­sticas se encargan de reflejar una y otra vez. Las cámaras no hubieran evitado el inicio de la pelea  por la que por desgracia aquel joven burgalés sigue en coma desde finales de 2010. Además, a pesar de lo que apuntan algunas voces, tienen una validez probatoria muy limitada incluso en el actual sistema jurí­dico.

• Las cámaras de videovigilancia contribuyen a un aumento progresivo del control social de una manera casi inocua pero muy efectiva para los Estados. Frente a la actual situación de crisis económica y aumento de la conflictividad social, estos dispositivos de vigilancia pueden servir para garantizar un mayor control sobre la población frente a las cada vez mayores necesidades del mismo por parte de las sociedades inmersas en las dinámicas totalitarias que imponen los mercados.

• Las limitaciones en el uso de la videovigilancia son fácilmente vulnerables. A pesar de que la Comisión de Garantí­as de Videovigilancia de Castilla y León limita su uso solamente durante el horario nocturno de la ví­spera de los dí­as festivos, los gestores de la videovigilancia tienen la potestad de saltarse esta restricción si lo ven necesario. No se han consignado de forma demasiado especí­fica los supuestos en los que de forma excepcional pueda superarse este limitación, pero resulta ampliamente inquietante que no solamente pueda ser una llamada de emergencia al 112 sino quizás una protesta ciudadana en la que dichos dispositivos podrí­an servir para identificar y registrar a sus participantes en una base de datos. Un método muy tí­pico de regí­menes totalitarios.

• La videovigilancia es una medida extremadamente cara. La instalación de los dispositivos que supuestamente están destinados a reducir la violencia juvenil en las zonas de ocio nocturno han costado 250.000 euros. Dinero que proviene de los contribuyentes y que el Ayuntamiento de Burgos ha dejado de destinar a otros menesteres más imperiosos pero que quizás repercuten menos electoralmente como la creación de plazas de guarderí­as.

• ¿Por qué no se vigila a los poderosos? El argumento puede resultar algo simplón por lo básico de sus premisas, pero, ¿Por qué no se imponen de medidas de videovigilancia en el interior de los edificios gubernamentales, sedes de los grandes bancos o centros de detención para comprobar lo que allí­ sucede?  Resulta repetitivo volverse a referir a la novela de Orwell, pero curiosamente en 1984 las castas sociales privilegiadas disfrutaban de la posibilidad de sustraerse a la continua vigilancia de las cámaras de vigilancia.  ¿A qué sociedad se estaba refiriendo el bueno de George Orwell cuando concibió su espeluznante anti-utopia?

La realidad se obstina en superar una y mil veces a la más despiadada de las  ficciones. Quizás las ensoñaciones más perturbadoras de aquel británico universal sean solamente un aproximación amateur a la actual sociedad del Gran Hermano que nos están preparando. Todo está por ver, mientras tanto, no lo dudes, sonrí­e, es Burgos y te estamos vigilando.

Modesto Agustí­