La Asamblea de Gamonal expresa a través de una nota informativa su malestar ante los numerosos procesos sancionadores abiertos por parte de la Subdelegación del Gobierno a diversos vecinos que participaron en las jornadas de protesta. Desde el movimiento asambleario consideran que los expedientes administrativos incoados forman parte de una campaña cuyo objetivo es amedrentar y desmovilizar mediante una nueva operación de castigo ahora que el foco mediático se ha alejado de Gamonal.
El pasado 4 de marzo tuvo lugar la presentación en rueda de prensa del informe del grupo de apoyo a las personas encausadas por las protestas en contra del bulevar en Gamonal. En el mencionado informe se relatan una serie de irregularidades y abusos cometidos durante las detenciones y los procesos que las siguieron. También se denunciaron numerosas actuaciones de hostigamiento y criminalización por parte de la policía y algunas instituciones como la subdelegación del gobierno.
El último episodio ocurrió pocos días después de la citada rueda de prensa. Los días 6 y 7 una serie de personas empezaron a recibir en sus domicilios multas por haber participado en manifestaciones en contra del bulevar. Hasta el momento hemos tenido constancia directa de unos veinte casos, aunque según una información publicada en Diario de Burgos, estos podrían ascender a 27.
Se trata de una serie de expedientes administrativos incoados por la subdelegación del gobierno en los que se imponen sanciones que van desde los 301 € hasta los 3000 €. En algunos de los casos los preceptos supuestamente infringidos son: “Provocar reacciones en el público que alteren la seguridad ciudadana” y “Originar desordenes graves en vías o espacios públicos”. En uno de los casos por “organizar o promover la celebración de reuniones en lugares de tránsito público o de manifestaciones” incumpliendo en teoría la ley reguladora del derecho a reunión.
Hay un grupo de personas multadas que si bien han participado en movilizaciones y protestas en contra del bulevar, estas no pueden ser objeto de sanción, dado que se estarían vulnerando sus derechos básicos, como son el de manifestación y reunión. Los responsables de la subdelegación del gobierno saben de sobra que participar en una manifestación no comunicada no constituye ninguna ilegalidad. Esgrimen argumentos falsos o muy peregrinos para intentar señalar a determinadas personas como promotores de estas manifestaciones. Todas ellas participaron en movilizaciones o intervinieron en asambleas siempre a titulo individual, nunca como promotores o líderes del movimiento. El objetivo de este acoso, no es otro que tratar de amedrentar tanto a las personas procesadas como a la gente que forma parte de esta lucha con el fin de desmovilizarnos.
Las manifestaciones en las que supuestamente estas personas infringieron la ley, tuvieron lugar los días 11 y 12 de enero. Hay qué recordar que durante esos días fuimos miles de personas las que nos manifestamos en contra de la obra del bulevar. ¿Por qué ahora se abren expedientes administrativos en contra de 27 personas? ¿Cómo se ha identificado a determinadas personas si en el transcurso de aquellas manifestaciones la policía no solicitó en ningún momento el DNI a ninguna de las personas asistentes? En algunos casos, según dicen las personas multadas, fueron identificadas en controles de la policía en otros lugares y en los días previos a las mencionadas manifestaciones. No en el momento y el lugar citados en el escrito de denuncia.
Esto da lugar a situaciones surrealistas ya que algunas de las personas ahora sancionadas ni siquiera estaban presentes en el sitio a la hora señalada en la denuncia, así que difícilmente pueden haber cometido ninguna infracción y mucho menos haber sido identificadas por los policías. En este suma y sigue, nos encontramos otra vez con la arbitrariedad y el absurdo como pautas en la actuación policial.
Por supuesto se presentarán alegaciones a estos expedientes. Concretamente a finales de esta semana un grupo acudiremos a la subdelegación del gobierno para registrarlas. En ellas se solicitará que se tome declaración a los policías que supuestamente constataron las infracciones. Igualmente se solicitan los atestados o registros que recojan cómo, cuando y donde se produjeron las identificaciones. Todo ello para poder confrontarlo con los testigos y pruebas que las personas denunciadas van a presentar.
En nuestra opinión la subdelegación del gobierno ha puesto en marcha la enésima operación de castigo ahora qué el foco mediático se ha alejado bastante del barrio. Probablemente consideran que la respuesta dada por los vecinos en Gamonal constituye un “ejemplo peligroso” para otros casos de corrupción y abuso, presentes o futuros, en Burgos o en cualquier otro lugar. Una lucha que por tener éxito no puede quedar sin castigo por parte de los poderes políticos y económicos. Un castigo que a la vez sirva de aviso a todo aquel que decida navegar por la ruta de la lucha contra la injusticia y por la dignidad.
Sinceramente no creemos que seamos ejemplo ni modelo de nadie pero lo cierto es que el pasado mes de enero millones de personas se vieron reflejadas en un espejo llamado Gamonal. Durante aquellos días de enero hasta hoy, han sido innumerables los gestos de apoyo recibidos desde multitud de ciudades del estado español e incluso desde otros países. No nos cansaremos de agradecerlos y en la medida que podamos intentaremos que esa solidaridad recorra el camino de vuelta cuando se nos solicite. Han pasado tres meses y la calle Vitoria vuelve a ser la que era, pero el barrio y esta ciudad no. La lucha sigue y seguirá.
Anónimo
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